Antes de partir hacia Roma, Cristina Fernández dejó firmada la promulgación del paquete de leyes sobre los consumidores sancionado el jueves a la madrugada en la Cámara de Diputados, publicado ayer en el Boletín Oficial. De inmediato, legisladores de la oposición y empresarios insistieron con los cuestionamientos a la nueva ley de Abastecimiento -la más polémica- e integrantes del Grupo de los Seis comenzaron a preparar, con sus equipos de abogados, las anunciadas presentaciones ante la Justicia, con el objetivo de que sea declarada inconstitucional.
Con el decreto 1622 quedó promulgada la ley 26.991, llamada "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo". Lo firmaron, además de la Presidenta, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el de Justicia, Julio Alak.
Faculta al Estado a "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios", la incautación y venta de bienes, y prevé sanciones que van desde multas hasta clausuras.
Como ratificó en el Congreso José Ignacio de Mendiguren, referente de la UIA y diputado del Frente Renovador, el Grupo de los Seis se presentará en la Justicia para intentar que se declare la inconstitucionalidad de la ley. De Mendiguren estimó que habrá un “largo” litigio sobre el tema. A su vez Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural, adelantó que “va a haber cataratas de amparos en toda la Argentina”.
A los sectores empresarios que venían rechazando la ley se sumó ayer la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que advirtieron que “desalentará la inversión productiva y provocará menor producción y desempleo, perjudicando a los consumidores”.
Legisladores opositores también insistieron con los cuestionamientos. “Seguramente será declarada inconstitucional. Viola el artículo 17 de la Constitución en materia de derecho de propiedad y el artículo 14 en lo relativo al derecho de trabajar y ejercer libremente toda industria lícita. Asimismo se están delegando facultades propias del Congreso, sin contemplar lo previsto en el artículo 76 de la Constitución, que establece que solamente se lo podrá hacer respecto de actos de administración y de situaciones de emergencia y por tiempo determinado”, aseguró ayer el diputado Omar Duclós, del GEN.
