Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España condenado a casi seis años de cárcel por corrupción, ingresó ayer en prisión, culminando una larga saga judicial que llegó a desestabilizar la monarquía.
El marido de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, ingresó en una cárcel ubicada junto al pueblo de Brieva, a 108 kilómetros al norte del Madrid, sobre las 8 de la mañana (3 argentina), indicó un portavoz de la administración penitenciaria.
Urdangarin, un ex medallista olímpico de balonmano de 50 años, es el único hombre en esta prisión para mujeres, con capacidad para 162 presos y a una hora y media por carretera de Madrid, detalló el portavoz.
Ocupará por tanto un módulo individual en esta prisión, que pudo elegir, como es habitual en el caso de aquellos condenados que reciben la pena estando en libertad.
Con el ingreso en prisión se cierra una saga que comenzó en 2010, en plena crisis económica, cuando se conocieron los primeros detalles de un caso que dañó seriamente la percepción pública de la monarquía española y contribuyó a que el suegro de Urdangarin, el rey Juan Carlos I, abdicara en su hijo Felipe en junio de 2014.
Éste sin embargo evitará en buena medida el foco de los medios españoles, ya que junto a su esposa, la reina Letizia, se encuentra de visita en Estados Unidos, donde hoy serán recibidos por el presidente Donald Trump.
Una larga caída
Urdangarin tenía hasta ayer para ingresar en la cárcel, después de haber sido condenado el pasado martes a 5 años y 10 meses de prisión por el Tribunal Supremo.
Urdangarin fue hallado culpable de malversar en beneficio propio, junto a su socio Diego Torres, millones de euros donados por organismos públicos al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que él presidía.
Los hechos tuvieron lugar entre 2004 y 2006 principalmente en las islas Baleares, y le valieron la condena por “los delitos de prevaricación continuada y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales”, según indicó el tribunal en un comunicado.
La pena de prisión del Supremo, en segunda instancia, supuso una leve rebaja respecto a la condena pronunciada inicialmente en febrero de 2017: seis años y 3 meses de prisión, además de una multa de 512.000 euros.
A su vez, la infanta Cristina se convirtió durante el proceso en el primer miembro de la actual familia real en sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra la Hacienda pública, aunque fue absuelta.
No obstante, el Tribunal Supremo confirmó su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, y le impuso una multa de 136.950 euros (inferior a los 265.000 euros dictados en primera instancia), una suma que de todas maneras ya restituyó.
