Esta semana, el senador radical Armando Camerucci presentará en la Legislatura Provincial un proyecto de resolución en el que hará un nuevo pedido de informes a la Dirección General de Escuelas (DGE).
El objetivo consiste en solicitar a la cartera educativa que dé explicaciones acerca una serie de reprimendas y amenazas administrativas que dice recibir un grupo de directivos de escuelas dedicadas a la educación especial, tras haber denunciado la existencia de la prohibición que tendrían los educadores de hablar mal del Gobierno actual o de anteriores, durante actos escolares "debiéndose guardar fidelidad", tal como quedó expresado en un acta y que Los Andes reflejó en su edición del miércoles 26 de setiembre de este año.
Las dudas
La situación que disparó las dudas por parte del bloque opositor al justicialismo meses atrás, fue dada a conocer luego de que Camerucci recibiera una copia del acta N°14 de la sección N°1, que integra a doce escuelas escuelas especiales de Mendoza. De ellas, seis se encuentran ubicadas en Capital, una en Guaymallén, tres en Las Heras, una en Godoy Cruz y una en Lavalle.
De acuerdo con uno de los incisos del primer escrito dado a conocer a fines de agosto, durante una reunión entre la supervisora de esa sección y los directivos, quedó expresada la frase que encendió la primera luz de alerta.
"A raíz de eso elaboramos un pedido de informe a la DGE para saber si esas directivas eran reales o no", recordó Camerucci y agregó que en ese momento, la respuesta por parte de la cartera educativa fue que no existen desde el Gobierno tales pedidos hacia los directivos y docentes (ver aparte).
Hay que aclarar que de acuerdo al procedimiento estipulado, lo hablado en las reuniones de Consejo Directivo de cada sección de la provincia queda por escrito y esto luego es archivado. Ello explica cómo es que los dichos de la supervisora en esta reunión llegó a manos del Senado.
En esa oportunidad, lo que fue cuestionado no sólo tuvo que ver con las supuestas limitaciones sobre cómo los docentes deben formar a los alumnos respecto de su conciencia cívica, sino que coincidió con la polémica generada a raíz de la participación de militantes de La Cámpora en las escuelas, bajo diferentes tipos de talleres.
La "buena fe"
Pasado este nuevo episodio, lejos de quedar allí, los dichos por parte de los directivos tomaron ribetes de denuncia; según mencionó Camerucci, ellos han sido intimados en diferentes oportunidades, por teléfono en algunos casos y en otros a través de terceros.
"Por eso es que voy a solicitar nuevas explicaciones. Se les ha dicho a las directoras de estas escuelas que serán derivadas a la Junta de Disciplina, por haberme acercado las copias cuando en realidad estos documentos son públicos", aseguró el senador.
Según quedó reflejado en una nueva acta, la N°16 de la misma sección, la supervisora a cargo de la sección en cuestión, María Casale de Lhez se mostró decepcionada.
"Quien ha hecho esto (es decir, fotocopiar el libro de actas y hacer público el tema) no ha medido las consecuencias puesto que es la supervisora quien resulta como la primera perjudicada", expresa el escrito donde también se considera que "se ha actuado de manera deshonesta" y se abusó de la buena fe de la supervisora.
Documento público
Para Camerucci, lo que deja en claro ese nuevo documento es que de hecho existe una situación que merece ser explicada por la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer. "Estas expresiones no hacen otra cosa que ratificar que la orden existió y que ahora se trata de encontrar a un culpable para castigarlo".
El senador radical agregó que algunos directivos de esta sección han sido amenazados con reprimendas de tipo administrativo y aclaró que los libros escolares son documentos públicos, "que pueden ser solicitados por cualquier ciudadano".
