La Justicia ordenó que una pareja de policías que fue separada de la fuerza ya que Sanidad Policial los consideró enfermos psiquiátricos, vuelvan a vestir el uniforme y se les entreguen sus armas reglamentarias.
Rodolfo T. y Fernanda R., la pareja en cuestión, interpuso un recurso de amparo, en el que explican que los profesionales del Ministerio de Seguridad los consideraron "enfermos", luego de que circulara una suerte de chiste que ventilaba "problemas de pareja"
En noviembre del año pasado la pareja de policías interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Seguridad para que ordenara el cese de todos los actos antijurídicos cometidos contra ellos.
La presentación explicaba que los médicos de Sanidad Policial los consideraron "enfermos", cuando ellos presentaron certificados de especialistas que sostenían que se encontraban "sanos y aptos para el ejercicio policial", por lo que les correspondía el alta médica y la restitución al servicio con sus correspondientes armas.
Por ello pedían que se dejara sin valor cualquier "parte de enfermo que arbitrariamente se les haya obligado a firmar". Además sostenían que la situación no les permitía ascender en la fuerza e incluso les podría hacer perder el trabajo.
Sin examen previo
Luego explicaron que ambos fueron llamados por Sanidad Policial, donde la licenciada Carina Simón les indicó que debían realizar un tratamiento psicológico, sin que les realizara ningún test previo.
La razón que les dio la psicóloga fue que "se había cobrado conocimiento en dicha área que tenían desavenencias de pareja".
A los policías les llamó la atención porque hacía tres años que estaban casados, tienen un hijo y no tenían problemas familiares. Igualmente, se cuadraron y cumplieron con las órdenes médicas, aunque les generó cierta incertidumbre.
Luego de la denuncia fueron obligados a realizar un test de evaluación en Sanidad Policial, "en un marco de presión, inducción y con su voluntad viciada".
La pareja, por su parte, presentó informes de un psicólogo particular, que en un caso fue ignorado y en otro ni siquiera se lo recibieron.
Luego la licenciada Simón les informó que "se encontraban inaptos definitivamente, que debían continuar con las licencias para tratamiento de la salud y que se le iniciaría un expediente para ser dados de baja definitiva de la institución".
El Ministerio de Seguridad respondió a la demanda advirtiendo que no existe la arbitrariedad o ilegalidad, señalando que las pericias psiquiátricas realizadas por Sanidad Policial indican que "no se encuentran en condiciones de portación de arma y que no se encuentran aptos para ejercer función policial".
El expediente incluye una declaración de Ana María Villegas, psicóloga del ministerio de Seguridad, quien explicó que entrevistó a los uniformados por "una posible situación de violencia intrafamiliar con el efectivo policial; finalizando que, debido a la brevedad del contacto con el amparista, no puede brindar un diagnóstico específico respecto de la situación de violencia familiar referida".
