Lo sucedido con el diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge Garramuño, cuando aseguró que acompañó con su voto el acuerdo de entendimiento con Irán a cambio de que se le gire a su provincia un anticipo de la coparticipación federal, constituye de por sí un acto de corrupción, o al menos de presión, aunque el favorecido no haya sido directamente él, sino su provincia.
Y también queda en claro que el oficialismo es partícipe de la maniobra, que intentó luego repetir con el mismo legislador aunque con resultado negativo, en el tratamiento de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
En la memoria de muchos aún resuena lo sucedido durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando se denunció la utilización de la “Banelco” para la compra de votos en el tratamiento de la ley de flexibilización laboral. El escándalo inmediato fue impresionante y derivó en la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Carlos “Chacho” Álvarez. Los mantos de sospecha fueron ratificados cuando un ex funcionario del Senado de la Nación, Mario Pontaquarto, hizo público su “arrepentimiento” y declaró cómo se produjo la maniobra.
Con el correr del tiempo las sospechas han recaído sobre el tratamiento de otros temas dentro del Congreso de la Nación, pero se han multiplicado en los últimos años como consecuencia del acotado número con que el oficialismo cuenta en la Cámara baja y que lo ha llevado a amenazar con jugadas insólitas, como sentar en las bancas a funcionarios en actividad que habían pedido licencia para ocupar el nuevo cargo.
Sin embargo, lo que se consideraba una práctica usual, pero que carecía de pruebas en las denuncias, quedó plasmada con la afirmación del diputado fueguino, más allá de que haya querido salvar su situación personal al asegurar que entendía que el proyecto sobre el entendimiento con Irán “no cambiaba sustancialmente el trámite judicial y consideré que mi voto redundaría en un beneficio para mi provincia...”.
El hecho dejó en claro también la forma en que el Gobierno utiliza los montos de la coparticipación federal, que constitucionalmente le corresponden a las provincias, que son las que le delegan a la Nación la percepción de los tributos de impuestos, la cual debe redistribuirlos una vez que haya retenido su porción, que -valga la aclaración- es cada vez mayor a pesar de que haya delegado hacia las provincias muchas de sus obligaciones, como salud y educación. Cabría preguntarse entonces si esa “compra de voto” al diputado fueguino no se deriva en “presión” hacia aquellos legisladores que decidan no acompañar al oficialismo en la sanción de una determinada norma legal.
Otra situación no menos grave es lo sucedido con la escasa trascendencia que tuvo la declaración de Garramuño. Sólo la DAIA salió a expresar su condena y estupor por la afirmación, pidiendo además que el legislador denuncie públicamente a quienes le hicieron el ofrecimiento. Con el resto, silencio. No hubo aclaración alguna desde el oficialismo, a sabiendas seguramente de que el tiempo hará olvidar la situación.
Pero el hecho concreto y real es que existió un modo de corrupción -o al menos de presión- para el tratamiento de una ley y que se intentó repetir la irregularidad en la consideración de otra ley, como la reforma del Consejo de la Magistratura. Sea corrupción o presión o como se le quiera llamar, se trata de un vicio que no le hace nada bien y que lesiona seriamente al sistema democrático.
