La presidenta de la Nación no desaprovechó la oportunidad y, en su retorno al escenario político y luego de denostar por enésima vez “a la oposición y a los especuladores”, anunció la implementación de un subsidio destinado a la contención de los jóvenes calificados de “ni-ni”, porque no estudian, ni trabajan. Consiste en una ayuda monetaria de 600 pesos a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no tengan trabajo o que tengan un empleo informal o reciban un sueldo por debajo del mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar posea iguales condiciones.
De acuerdo con los estudios, está destinado a aproximadamente 900 mil jóvenes, que representan entre un 10 y un 15% de la población juvenil, en su casi totalidad de estrato social bajo. Las dos terceras partes de los ni-ni son mujeres, muchas de las cuales realizan tareas domésticas en sus propios hogares.
La gran diferencia con el resto de las iniciativas asistencialistas es que, en este caso, la financiación surgirá del Tesoro nacional y no de la Anses, como el resto de los programas, situación que fue advertida de manera sarcástica por la propia Presidencia durante el lanzamiento, al señalar que quería así evitar que los titulares dijeran que “lo hacemos con plata de los jubilados, como si los jóvenes no fueran parte del país”. De todos modos, el impacto económico será importante, en razón de que se trata de 11.202 millones de pesos los destinados a la iniciativa.
Si bien la medida no generó rechazos profundos de parte de la oposición, hubo voces que marcaron la diferencia, como lo señalado por la ex ministra de Educación de Santa Fe y actual diputada nacional, Élida Rasino, quien destacó que no desechaba el plan, pero que lamentaba su insuficiencia, agregando que a estas alturas, la mayoría de los problemas no se resuelven con plata. Dijo que a los jóvenes se les debe un país que funcione, un vida digna, oportunidades reales y esperanza y, en ese marco, indicó que el Gobierno tuvo tiempo y dinero para corregir el rumbo de desinstitucionalización que avanzaba en el país hace más de una década, pero eligió profundizarlo y acallar las demandas con subsidios, en lugar de reindustrializar y construir infraestructura.
No menos interesante fue el planteo que realizó el ex diputado Roy Cortina, quien destacó que el plan está orientado en forma incorrecta porque, en lugar de fomentar la salida de la marginalidad a través del empleo, lo intenta hacer mediante una medida de corte asistencialista, agregando que los principales flagelos de la juventud son el desempleo y la precarización laboral y esto no se resuelve con la implementación de un subsidio para los jóvenes que trabajan en negro. Propone entonces que ese dinero sea destinado a las Pymes para que contraten a jóvenes con relación de dependencia, promoviendo la cultura del trabajo “en lugar de subsidiar la informalidad que afecta a uno de cada dos jóvenes en la Argentina”.
Informó que su proyecto, en ese sentido, está cajoneado desde hace dos años en el Congreso.
La realidad marca que a los jóvenes les resulta muy difícil actualmente ingresar al mercado laboral, situación que se profundiza geométricamente en los casos de quienes viven actualmente en la marginalidad. Necesitan igualdad de posibilidades, pero la salida no es el asistencialismo (eso es mantenerlos en la misma condición en la que hoy se encuentran), sino la generación de empleos, facilitando el ingreso al crédito y otorgando seguridad jurídica para quienes estén dispuestos a invertir, recuperando la cultura del trabajo y el esfuerzo, que se mantuvo durante décadas y que en los últimos tiempos se ha perdido.
