Si tuviéramos que hacer un ránking sobre los temas que preocupan a la gente, deberíamos dividir la situación en dos: los aspectos coyunturales y los estructurales.
Entre los primeros figuran aquellos que necesitan urgente solución, como la inflación, la desocupación y la inseguridad. Entre los segundos, aquellos que se han ido manteniendo -y muchas veces multiplicando- con el correr de los años y que necesitan de políticas de Estado a largo plazo, como la salud, la educación y la vivienda.
La construcción de viviendas tiene un efecto multiplicador, en razón de que son muchas las actividades que intervienen en cada una de ellas, generando paralelamente mayores fuentes de trabajo. Es por ello que los diferentes gobiernos han puesto la mira en el tema pero las iniciativas oficiales no alcanzan para cubrir las necesidades de la gente.
Por parte de la actividad privada, están quienes sueñan con la “casa propia” y aquellos que piensan en ahorrar “en ladrillos” para que, llegado el momento de su jubilación, puedan aumentar sus ingresos con el alquiler de una casa. Sin embargo, para estos últimos esos “sueños” se vuelven imposibles de cumplir como consecuencia de que la inflación no permite ni siquiera pensar en una inversión a mediano plazo.
Durante el primero y segundo gobiernos de Perón hubo una fuerte inversión del Estado en la construcción de barrios destinados esencialmente a trabajadores.
La situación continuó en menor medida en los gobiernos posteriores, hasta que en la década de 1960 apareció un nuevo fenómeno, el de las villas inestables.
Familias que se fueron instalando en viviendas precarias en las cercanías de la ciudad, especialmente en la zona oeste, y que obligó a las distintas gestiones gubernamentales a poner allí sus objetivos, a través de los denominados “planes de erradicación de villas inestables”, que incluían barrios por “ayuda mutua”, en las que el futuro propietario aportaba horas de trabajo en lo que después sería su casa.
Pero las iniciativas estatales no alcanzaban ante el crecimiento geométrico de las villas que fueron surgiendo en los distintos departamentos. Con un aspecto no menos importante: la gente -muchos, no todos- recibía sus casas pero no las pagaba, lo que cortaba la posibilidad al Estado para poder invertir en nuevos complejos habitacionales.
Por otra parte, la centralización de los gobiernos por evitar el crecimiento de las villas determinó que se dejara de lado a una parte importante de la población, la de la clase media, integrada por familias que no vivían en las villas pero cuyos sueldos tampoco les alcanzaba para poder acceder a un crédito hipotecario por los altos costos de las tasas de interés.
Para esa gente no había solución, al menos en nuestro país, porque en Chile se instrumentó hace años el denominado sistema de Unidades de Fomento, en el que la gente puede juntar dinero sin la preocupación de que en algún momento se pierda lo ahorrado: esas unidades se van actualizando de acuerdo con los índices de precios.
La iniciativa ha dado excelentes resultados y es la base que permite que la actividad de la construcción se mantenga a lo largo de los años. En ese esquema cobra importancia la ley impulsada por el senador mendocino Julio Cobos, que emula el modelo de fomento chileno, creando una unidad de medida denominada UVI, en la cual los ahorristas podrán invertir sus pesos sin perder su valor.
La norma legal es muy interesante pero, para que tenga cumplimiento efectivo, deben cumplirse dos aspectos: en primer lugar un Indec que otorgue porcentajes de aumento de la inflación reales y no ficticios ni mentirosos, como ocurrió durante la gestión del kirchnerismo; por otro lado, que la iniciativa tenga la suficiente extensión en el tiempo como para que la gente pueda proyectarse.
