Si se hace un sondeo sobre los principales deseos de los intendentes mendocinos, seguramente en el tope se ubica el de construir viviendas para los vecinos. Pero en los tiempos que corren los fondos son escasos y sólo algunas comunas, sobre todo las más cercanas al Gobierno, han podido concretar parte de ese sueño.
La desazón puede ser mayor si se tiene en cuenta que hay organizaciones sociales que, bajo el formato de cooperativa, reciben más dinero para edificar que muchos municipios, con escasos filtros y directamente desde la Nación.
Es el caso de la organización Tupac Amaru, surgida en Jujuy de la mano de la activista kirchnerista Milagros Sala, que en Mendoza ya ha conseguido fondos para 672 casas, entre las entregadas y en ejecución en los últimos dos años, con un monto actualizado a la fecha que supera los 130 millones de pesos, suma varias veces mayor a la que reciben comunas como La Paz, Santa Rosa o Rivadavia, por nombrar algunas de las que menos han conseguido en los últimos años. Pero también más que Luján, Capital o San Carlos. Y similar a algunas de las más pobladas, como Godoy Cruz o San Martín.
Es cierto que hay otras cooperativas que funcionan de forma similar, pero la Tupac Amaru ha sido la iniciadora en esta modalidad, con fuerte protagonismo social y político, de la mano de Sala y su línea directa con la Casa Rosada.
"Saque la cuenta"
"Una casa hoy nos cuesta $ 204 mil, así que saque la cuenta por las 672 que tenemos en toda la provincia". Así explicó el dinero que maneja la Tupac en Mendoza su coordinadora local, Nélida Rojas.
En realidad, de las 672 casas que administra a través del programa "Socio comunitario" que ejecuta el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), 45 son rurales, con un valor unitario de $ 120 mil, lo que suma $ 5.400.000. El resto, 627 viviendas, implica un monto de 127.908.000 de pesos, lo que da un total manejado por la cooperativa de 133.308.000 de pesos.
En una gruesa comparación, en lo que va de la gestión del gobernador Francisco Pérez, Rivadavia ha obtenido fondos para apenas 96 casas (27 construidas y 69 en ejecución).
Si se toman los años de la gestión de Celso Jaque, la suma no es mucho mayor, ya que en ese tiempo “sólo se construyeron 44 casas por año”, según dijo el intendente Ricardo Mansur (UCR), quien igualmente confirmó que “ahora la situación ha mejorado”, ya que “se han licitado 103 viviendas y están en proyecto otras 154”.
En el caso de Santa Rosa, gobernada por el peronismo, entre construidas y en ejecución se suman 104 casas (30 pertenecen a Tupac Amaru) y en la radical La Paz, 84. Ambos departamentos están muy lejos de lo recibido por otros como Maipú, Tupungato o Lavalle, donde los números son notablemente altos, sobre todo por la presencia de la organización en sus territorios.
La cooperativa tiene 85 viviendas en ejecución en Tupungato, 120 en Maipú (entregadas y en ejecución) y 252 en Lavalle (137 en ejecución), donde ya constituyen casi la mitad de las casas encaradas en ese departamento (532 en total), “aunque hay otras cooperativas más pequeñas que trabajan de forma similar”, informó el intendente Roberto Righi, sobre las organizaciones que también reciben fondos nacionales directos.
Las demás viviendas que la Tupac detenta, entregadas y en ejecución, se ubican en Las Heras (72), Luján (40) y Guaymallén (40) y Tunuyán (20). En Godoy Cruz, su director de Vivienda, Néstor Majul, informó que “hay un emprendimiento de 26 casas”, pero Rojas lo corrigió y aclaró que “son sólo 13”, ya que el resto pertenece a una organización similar que lleva el nombre de “Presidente Néstor Kirchner”. En Rivadavia, en tanto, Mansur confirmó que “hay un pedido de un terreno de 5 hectáreas” para empezar un proyecto de la Tupac.
Un control parcial
La gestión de fondos de la Tupac Amaru en Mendoza es similar a la de Jujuy, sobre todo por la llegada de los fondos nacionales directos, pero a diferencia de lo que ocurre en el norte -donde se denuncia falta de control estatal- en la versión local la intervención gubernamental se presenta ordenada.
“La Nación envía la plata al IPV y de allí va a los municipios para que éstos se la entreguen a la cooperativa”, explicó Omar Parisi, titular del IPV, quien limitó el rol de ese ente al de administrador y controlador de la ejecución. “El IPV certifica los avances de las obras”, resaltó.
“La Municipalidad hace también sus controles técnicos, pero sólo sobre las obras”, corroboró el lavallino Righi, sin poder explicar si hay seguimiento detallado sobre el uso de esos fondos públicos.
Rojas en tanto ensayó un detalle de gastos. "Los montos se usan para comprar material, para la mano de obra, para el monotributo social de los trabajadores, el seguro, el pago al contador de la cooperativa y al técnico que controla el avance de la obra”, indicó, y aseguró que esos números “los controla el Tribunal de Cuentas”.
Efectivamente, ese ente de contralor tiene injerencia sobre esa y cualquier cooperativa que reciba fondos públicos nacionales o locales, pero se pudo saber que los controles se realizan sobre el organismo que entrega la plata, en este caso el IPV, y sólo eventualmente pidiendo informes a la entidad beneficiada.
Hay quienes sospechan de la administración que hace Rojas de estos grandes montos y por lo bajo se dice que en los últimos tiempos “ha mejorado mucho su situación económica”.
Ella, de 56 años, casada, con 8 hijos y jubilada de enfermera por incapacidad, se defiende.
“Cuando estuve mal el Estado no estuvo presente. Le gané dos juicios y fue allí cuando me empezó a ir bien”, dijo. Para justificar su progreso agregó que en su familia “todos trabajan” y aseguró que no posee casa propia, aunque reconoció como suya la camioneta Toyota 4 x 4 modelo 2013 en la que se moviliza.
