El informe dado a conocer por la Auditoría General de la Nación es lapidario. Dice que hubo serias irregularidades cometidas en el programa de viviendas sociales Misión Sueños Compartidos, mostrando no sólo la ruta del dinero sino también las responsabilidades que caben al Ministerio de Planificación y a los mandatarios que recibieron las obras, por falta de control.
Un problema que parte de la decisión del Gobierno nacional de otorgar millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de experiencia en la materia y que sólo se alcanzó por el peso político de una de sus integrantes, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pero que alcanza también a otros dirigentes políticos, en razón de que las viviendas auditadas en el informe son las emplazadas en el Chaco, cuando era gobernador el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; en los municipios bonaerenses de Tigre y Ezeiza (territorios de Sergio Massa y Alejandro Granados) y en la Capital Federal de Mauricio Macri.
Otro de los aspectos graves del anuncio de la Auditoría radican primero en la calidad de las viviendas y esencialmente sobre el manejo de los fondos públicos destinados al programa: casi 1.300 millones de pesos para las poco más de 800 viviendas terminadas (el total era de 4.757), lo que determina un costo por cada unidad habitacional de 1,5 millón de pesos.
Estos valores resultan sorprendentes, esencialmente porque, de acuerdo con lo que señalan empresarios consultados, con ese dinero se puede construir una costosa casa en un barrio privado de la provincia.
Tampoco dejan de sorprender las declaraciones de los funcionarios nacionales, como es el caso del jefe de Gabinete, cuando afirmó que las viviendas fueron “de muy buena calidad” y cuestionó la intencionalidad de la investigación a la que consideró “carente de lógica, sentido y rigurosidad”, aspecto que dejó descolocado al representante del oficialismo en la Auditoría, Oscar Lamberto, quien, a pesar de haber votado a favor (el informe surgió por unanimidad) y en un intento por suavizar la situación, señaló que fue un “error” que una entidad con la “trayectoria” de Madres de Plaza de Mayo “se dedicara a construir viviendas”, confirmando también el hallazgo de la Auditoría en el sentido de que hubo unos 42 millones de pesos que salieron de la administración central y nunca llegaron a la Fundación.
No se trata aquí de señalar culpables sobre el manejo del dinero en el que aparecen involucrados también los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ex directores de Sueños Compartidos, y debe ser la Justicia la que, sin interferencias de la dirigencia política, como lamentablemente está sucediendo con otros casos oscuros, llegue hasta las últimas consecuencias con la investigación y establezca las responsabilidades correspondientes, en razón de que están en juego más de mil millones de pesos y la decepción de los miles de argentinos que fueron virtualmente estafados en su buena fe al no recibir las viviendas que les habían prometido.
Más allá de las responsabilidades penales que les cabe a quienes cometieron las irregularidades, no deja de preocupar la decisión de los funcionarios nacionales de otorgar fondos públicos a una entidad sin realizar ningún tipo de seguimiento sobre los destinos que se dio al dinero. Por el momento, las declaraciones del cada vez más devaluado jefe de Gabinete no hacen más que profundizar el signo de interrogación sobre el futuro
