Son muchas las construcciones que existen en el Gran Mendoza en mal estado y con peligro de caerse o sufrir severos daños, sobre todo teniendo en cuenta que habitamos una provincia de características sísmicas.
Los Andes planteó el delicado tema en una nota publicada el pasado 20 de octubre, bajo el título nada alarmista pero realista de: "Peligro de derrumbes. Construcciones previas a los '70 son las más riesgosas". La intervención del diario se generó a partir del desalojo de un edificio ubicado en Salta y Entre Ríos, de la Capital, por ser considerado, por las autoridades municipales, inhabitable.
La situación dejó a unas nueve familias con serias dificultades de disponer de un techo, debiendo reinstalarse como pudieron con el paso de los días, aunque peor hubiera sido tener que lamentar una desgracia, como la que se produjo el 6 de junio de 2016, cuando se desplomó un precario galpón sobre la calle Bandera de los Andes, de San José (Guaymallén), sepultando y quitando la vida a una joven madre y su pequeño hijo.
Como parte de los sondeos efectuados por este matutino, se determinó que hay más de 500 edificaciones en peligro de derrumbe en todo el Gran Mendoza. Una cifra alta y preocupante. La mayor cantidad de inmuebles en situación delicada se encuentran en Guaymallén, donde se han contabilizado 300 propiedades en trance de colapso, especialmente en las zonas más antiguas de la jurisdicción, distritos de Pedro Molina y San José.
Otro dato que invita a la reflexión y a promover acciones que corrijan la falencia es que de las 346.000 unidades habitacionales que hay en el Gran Mendoza, 12% de las mismas son de adobe, es decir más de 40.000.
Toda esta problemática es incumbencia de los municipios, tanto en sus Departamentos Ejecutivos como de los respectivos Concejos Deliberantes, que deben persistir en elaborar ordenanzas para prevenir el peligro de las construcciones riesgosas y disponer su erradicación en plazos perentorios.
La contingencia está latente y cuando más rápido se pueda dejar atrás ese peligro, será más saludable para la población, especialmente para aquellos vecinos que ocupan esos inmuebles o para los ocupantes ocasionales cuando se trate de negocios o locales de servicios públicos, salud y educación que tengan deficiencias marcadas en sus infraestructuras.
Quinientas construcciones en mal estado es una cifra alta, muy preocupante, según los especialistas y además existe el temor de que el universo de construcciones en condición defectuosa pueda ser aún mayor.
Es de destacar que Godoy Cruz, Maipú y Capital han iniciado un importante número de expedientes, lo que significa investigación y resolución de casos y, en algunas oportunidades, se procedió a la demolición. En otros, se ha emplazado a los dueños de las estructuras debilitadas.
La situación en materia de construcciones viejas no es la más deseable, por supuesto, pero debemos reconocer que tras el terremoto del 26 de enero de 1985 (administración de Santiago Felipe Llaver) se desarrolló en la provincia un importante plan de viviendas en remplazo de las unidades habitacionales dañadas. En honor a la verdad, en esa instancia se actuó con celeridad y eficacia. A partir de entonces se realizaron estudios de suelo, que permitieron determinar la calidad del terreno, no obstante lo cual todavía hoy aparecen hundimientos sumamente peligrosos como el detectado en Salta y Entre Ríos.
Uno de los objetivos en esta materia será emitir ordenanzas con plazos de subsistencia de esas construcciones riesgosas y proponer su próxima demolición y, a futuro, la ejecución de una vivienda antisísmica.
