Viviendas: Mendoza pide financiar 19 proyectos

Pasado un poco más de un mes desde el lanzamiento del Programa Federal de Viviendas, Mendoza picó en punta con la presentación de los futuros CUI (Complejos Urbanos Integrados), una suerte de mix entre viviendas sociales y proyectos financiados vía Procrear y con créditos hipotecarios que impulsa la iniciativa oficial. La Secretaría de Vivienda ahora evalúa al menos 19 emprendimientos de esas características en el Gran Mendoza para aprobar los desembolsos, que equivalen a 1/3 del presupuesto.

En números gruesos, a un promedio del costo por vivienda, se estima que los CUI mendocinos conllevarán algo más desde $ 1.200 millones, de los cuales  $ 400 millones será aporte estatal en distintas partidas. De esa cifra, un 70% aporta la Nación, y los $ 120 millones restantes le corresponden como contraparte a la Provincia. El resto corre por cuenta de los desarrolladores, los cuales podrán acceder a créditos puente.

Damian Salomone, presidente del IPV y referente local en la implementación de la nueva operatoria, anticipó que hay otra tanda de al menos 30 iniciativas de las mismas características en lista de espera.

"Están en fase de formulación y pueden llegar a las 800 viviendas", afirman desde el IPV.

"En general, la asignación no está cupificada y los que obtengan la aprobación final tendrán impacto pleno en el mercado durante 2018”, detalló el funcionario.

Resta que la Nación defina requisitos de los pliegos para concursar cupos de financiamiento. En ese contexto, según Salomone, el hecho de que Mendoza se haya anticipado con la adaptación de los barrios proyectados a las nuevas condiciones le da una ventaja competitiva sobre otras provincias.

Los proyectos que avanzan

El grueso de los CUI propuestos se concentran en el Gran Mendoza y zona Este, y tienen distintas características edilicias. Un universo amplio determinado por la disponibilidad y superficie de los terrenos y su costo.

Así, en Guaymallén y Las Heras predominan los emprendimientos para dúplex o pequeños complejos, en tanto que también hay varios proyectos en distintas zonas de Godoy Cruz,  mayormente desarrollos en altura, o torres de departamentos. En el caso de áreas rurales, como la zona Este y Valle de Uco, los desarrolladores apuntan a barrios de viviendas más tradicionales.

En pleno Villa Nueva, la constructora BGP impulsa 2 torres de 70 departamentos: de 2 dormitorios (55 m2), de los cuales 22 están destinados a la llamada "vivienda social" del IPV, componente equivalente a 1/3 del total exigido. El resto, de 3 dormitorios (78 m2), pensado para familias de clase media y con acceso a crédito hipotecario, el segmento en el que empiezan a perfilarse muchas propuestas. 
Su propietario, Hugo Gamboa, anticipó que "estamos haciéndole ajustes para presentarlo la semana próxima".

El programa parece darle otro aire a desarrolladores que se posicionaron en el último lustro. Es el caso de Amfarm (Asociación Mutual Cooperativa Farmacéutica), que de la mano de Titulizar S.A levantó sus barrios Terruño, El Prado y Azcuénaga (Guaymallén), Villa Delfina (dúplex Las Heras), y El Recodo (Maipú). Ahora, Titulizar va por una nueva etapa en terrenos  ya urbanizados, con 353 viviendas dentro del plan público-privado.

“Si está el ok, empezamos a construír mañana. Somos los únicos que hacemos vivienda para la clase media y tenemos expectativas. Está clara la parte pública, falta definir el financiamiento intermedio, que llegue al menos al 50% del valor de la vivienda”, señaló Alberto Jakubson, presidente de Titulizar.

Se trata de unidades de $1,3 a $1,8 millón, de 2 y 3 dormitorios (de 62 m a 110 m), al que la empresa estima que los inversores necesitarán aportar $200 mil vía hipoteca.

"Esto promete, porque en los últimos 30 años sólo hubo loteos y poca construcción. Además, no había crédito. De hecho, antes entregabamos  la vivienda al que pagaba 50% del valor y ahora es al revés: hay que construír y salir a vender".
A la hora de concursar y quedar calificado, una de las exigencias que contemplarán los pliegos será la capacidad crediticia del desarrollador. Algo que para los empresarios resulta clave.