La política de viviendas en la provincia es un problema estructural, que trasciende las gestiones gubernamentales. Los números que se manejan entre un gobierno y otro son disímiles pero, en definitiva, no alcanzan para llevar una mínima solución. Décadas atrás, cuando la construcción de barrios constituía una política constante, funcionaban dos organismos encargados de la construcción. Por un lado el Instituto Provincial de la Vivienda, dedicada a los complejos habitacionales destinados a gente de menores recursos económicos; por el otro, el Banco Hipotecario Nacional, para quienes tenían mayores posibilidades de hacer frente a las cuotas fijadas para la cancelación de la vivienda. Los barrios fueron multiplicándose y los alrededores del casco céntrico, como por ejemplo la Sexta Sección, constituyen el reflejo de aquella época.
Sin embargo, a principios de la década de 1960 se produjo un cambio sustancial en la conformación social de Mendoza. Familias que llegaban desde el interior, en busca de mejores oportunidades laborales, comenzaron a instalarse en viviendas precarias detrás del barrio Cano, en lo que es hoy el barrio San Martín. Fue allí cuando comenzó el mayor problema en razón de que la multiplicación de las villas inestables fue geométrica y resultó prácticamente imposible hacer frente a la demanda habitacional.
Se intentaron diferentes planes, desde el de erradicación de villas hasta el de la construcción por ayuda mutua donde los propios interesados participaban, a través de horas de trabajo, en lo que en el futuro sería su vivienda, tal como sucedió en la primera etapa del barrio La Gloria. La desaceleración de la construcción que se mantuvo durante muchos años y la privatización del Banco Hipotecario, no hicieron más que profundizar el problema en razón de que todos los sectores sociales, los de clase baja y los de media, quedaron sin posibilidades de acceder a la vivienda propia.
En la última década, los diferentes gobiernos parecieran haber ingresado en una competencia de números para establecer quién construyó más, pero lo lamentable es que nadie ha dicho que no alcanzan a cubrir ni la mínima parte de la demanda habitacional. Es en ese esquema que ingresa la polémica desatada días atrás entre el gobierno y un sector de la oposición respecto de la implementación del sistema de viviendas industrializadas.
Hay aspectos que deberían ser aclarados, como por ejemplo que el Gobernador haya solicitado a 11 de los 12 intendentes del PJ que modifiquen los códigos de construcción a los efectos de que se adapten al nuevo sistema y cabría preguntarse por qué no hizo lo propio con los jefes comunales de la oposición. O aclarar la discusión que se produjo con un funcionario de su propio gobierno respecto de los costos finales de la construcción. En ese mismo plano ingresa también la denuncia de oportunismo político surgido por parte de un legislador de la oposición.
El problema de la vivienda es demasiado serio como para que ingrese en una estéril discusión política. Sería tan grave que el Gobierno sólo la utilizara a modo de propaganda electoral, como si las denuncias de la oposición se realizaran sólo para evitar la entrega antes de las elecciones. Deben dejarse de lado los conflictos partidarios y tratar el tema con la seriedad que el caso requiere porque son miles los mendocinos que necesitan imperiosamente alcanzar el ansiado anhelo de la casa propia.
