El problema de la vivienda, al que nos referimos ayer en esta misma columna editorial, es complejo, tiene muchos aspectos a considerar. Uno de ellos es el relacionado con la transparencia. Es que ahora que estamos inmersos en el enorme escándalo de la corrupción en la obra pública, es posible que en algún momento del desenredo de la madeja aparezca el tema vivienda.
Una extensa nota aparecida en Clarín se titula: "Sospechas de corrupción: Ante la Justicia, Leonardo Fariña había anticipado las coimas hace dos años con precisión sorprendente". En esa declaración el arrepentido explicaba cómo en la Cámara de la Construcción funcionaba el denominado "Club de la Obra Pública", donde las empresas se repartían las obras en subgrupos, que se dividían en "vivienderos", "viales", "obras del Conurbano", "obras públicas", "concesiones y privatizaciones".
Esta situación tiene que ver con una práctica que viene de décadas en materia de vivienda y obra pública: que el gobierno nacional lleva a cabo programas de obras en las provincias, generalmente en asocio con los municipios. Esta práctica fue llevada a sus extremos por el kirchnerismo, como un medio de cooptar voluntades, especialmente en provincias donde los gobiernos no se sometían a su voluntad. Allí el gobierno nacional "puenteaba" al gobierno provincial ya que al adjudicar esas obras, se tenía preferencias por las empresas amigas del poder.
Debe decirse que el sistema de obras nacionales realizadas en la provincia por el anterior gobierno ha seguido con el actual. Un caso heredado, llamativo de esta relación gobierno nacional-municipio, es el megaproyecto de la Sexta Sección, donde se advierte cuando menos falta de previsión.
El secretario de Vivienda de la Nación dijo, hace unos días al respecto, que se debieron renegociar los contratos con las empresas (la obra estuvo prácticamente parada varios meses), porque el pliego con que se licitó no contemplaba una construcción basada en el código de edificación de Mendoza.
Debido a esto las empresas tuvieron que hacer cambios con costos extras. La inversión original superaba los 850 millones y ahora el desembolso total será de 2.600 millones, tres veces. Además el proyecto original contemplaba un amplio espacio verde, que como nadie previó como se pagaría el mantenimiento, se transformó en "una plaza seca". Como se viene haciendo desde mucho tiempo "todo verdor perecerá". Y para completar el despropósito de ese proyecto no se sabe cuál será el costo final de los departamentos y a quiénes se van adjudicar.
Por otro lado, también desde el gobierno nacional, por razones evidentemente políticas, se financió la construcción de viviendas mediante organizaciones cuestionadas como la Tupac Amaru, donde a raíz de las causas judiciales en curso han quedado centenares de viviendas paralizadas, de cuya terminación ha debido hacerse cargo el IPV. En este caso nada transparente, están implicados varios municipios. Aquí aparece otro aspecto que necesita ser revisado, ya que los municipios tienen una fuerte injerencia en la concreción de los programas de viviendas, tanto en la localización como en la adjudicación. No parece que se hayan seguido buenos criterios de ordenamiento territorial, visibles desde hace muchos años es la ocupación de tierras de excelente aptitud agrícola. La construcción de algunos barrios ha provocado, además, el abandono de tierras aledañas, sea por especulación o inseguridad para cultivarlas.
El resultado de esta maraña de planes y políticas es la existencia de una enorme burocracia, nacional, provincial y municipal "ocupada" en el asunto viviendas, con una enorme dosis de ineficiencia.
