Con referencia a la publicación de diario Los Andes del 14 de mayo de 2016 en la página de Fincas titulado el “Des-acuerdo Mendoza-San Juan”, me permito acercarle mi opinión como productor del oasis Este, elaborador de vinos y dirigente gremial empresario.
Descalificar y pretender remplazar la única herramienta comprobada de política vitivinícola, utilizada durante más de 20 años, sin costo fiscal para los mendocinos que no dependen de la vitivinicultura, a través de conceptos tergiversados, oscuros o dudosos es, sin dudas, ignorar su funcionamiento, la legislación y los estudios econométricos realizados por la UNCuyo que la respaldan.
Intentar erróneamente relacionar la sanción de la Ley 6.216 con la privatización de Giol, la desregulación de la economía legislada durante la presidencia de Carlos Menem o la Ley de fraccionamiento en origen, es producto del desconocimiento de la crisis que padecía la vitivinicultura previo a la vendimia de 1994, cuando los dirigentes de todas las entidades vitivinícolas de las dos provincias acordaron privadamente, y luego acercaron a los gobiernos, su propuesta de diversificación, con el único fin, más allá de los pretendidos considerandos de la ley, de elaborar la cantidad de vinos necesarios para el consumo del mercado interno.
Esos dirigentes nos enseñaron lo que los estudios posteriormente corroboraron: elaborar más vino del necesario para el consumo, será sobre ofrecido en alguna instancia, empujará los precios a la baja y, por ende, la rentabilidad del sector. Basta observar lo que está sucediendo hoy en el mercado de traslado, en el que la escasez de oferta ha elevado fuertemente los precios y existe una demanda constante de los denominados grupos oligopsónicos.
La economía es una ciencia dinámica. Por tanto, la única herramienta de política vitivinícola existente se ha ido adaptando desde su inicio y casi exclusivo destino de diversificación a mosto, a la posibilidad de cumplimiento de la pauta con exportaciones realizadas en el año inmediato anterior, que equivalen a volumen efectivamente detraído del mercado interno hasta llegar, en 2015, a la posibilidad del cumplimiento destinando volúmenes de vinos aptos para el consumo a la destilación. Las bodegas elaboradoras, únicas responsables del cumplimiento de la pauta diversificadora, son las que tomarán la decisión de elegir diversificar o pagar la multa.
Es oportuno recordar la neutralización de los efectos de la herramienta, resultado de la incorrecta fijación del porcentaje de diversificación, producto de apreciar erróneamente cualquiera de los datos necesarios para su determinación, ya sea pronóstico anual de cosecha, los vinos excedentes de la vendimia anterior o la cantidad de vino a consumir por el mercado interno o las exportaciones. Basta repasar lo sucedido con las vendimias anteriores a la presente y el desastre económico que ha causado al sector, llevando principalmente al productor a la quiebra.
Es doloroso observar, ante dantesco escenario, cómo oportunistas políticos o camuflados dirigentes que sólo defienden sus intereses personales, confunden con sus discursos el bien común de todo el sector.
Mucho se ha mencionado respecto a que la herramienta vitivinícola debería dar rentabilidad a un sector u otro de nuestra actividad; exceptuar el cultivo de algunas variedades o incluir a todas por igual; dejar fuera de la ley a explotaciones reconvertidas e incluir las que implantaron nuestros abuelos.
Reitero, no debemos olvidar que la Ley 6.216 humildemente apunta a que se elabore el vino necesario para el consumo anual. Sirve aclarar “entre una vendimia y la siguiente”.
Sólo hay que leer lo que sucede en otras vitiviniculturas del mundo, donde las elaboraciones no son acotadas y luego terminan subsidiando la destilación de vinos o la erradicación de viñedos, con un alto costo para la población no vitivinícola.
Considero que sólo dirigentes gremiales empresarios y políticos mediocres no estarían dispuestos a discutir respetuosamente otras adaptaciones a la eficiente herramienta que emana de la Ley 6.216 o una legislación que diera adecuada rentabilidad a nuestra actividad vitivinícola, generando la panacea que persigue cualquier sector de la economía: dar la correspondiente y sana retribución primero al trabajo y luego al capital invertido.
Son ampliamente conocidos los bajos precios que productor y elaborador de vinos por traslado han percibido en los últimos ciclos agrícolas e, innegable, el daño producido, pero poco hay por hacer cuando el volumen ya ha sido elaborado. Los actores de la etapa de la comercialización siempre intentarán maximizar su ingreso, tal como enseñan los profesores de Economía I en el primer año de Ciencias Económicas.
