El Presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este recordó que hace seis años su entidad viene alertando que la vitivinicultura iba acumulando problemas que la llevaban a una situación cada vez más difícil. Dos expresiones pronunciadas con dramatismo por los participantes en el evento suenan como timbres de alarma, y de alguna manera simbolizan el clima vivido. La primera, que el sector "avanza hacia la quiebra" y la segunda, "no damos más".
Sintetizando lo ocurrido en estos últimos años, en el almuerzo se planteó una perspectiva interesante, al sostener que el problema radica en que a los productores y empresarios "se le arrebató la potestad de poder manejar sus propios costos de producción". Expresión que obliga a reflexionar si no es extensiva a muchos otros sectores de la economía.
Ello ocurre porque una parte sustancial de los costos de producción viene dada por la excesiva intervención del Estado en la economía, con impuestos, regulaciones e inflación.
Esta combinación de factores lleva a que por más esfuerzos de racionalización que hagan no puedan cubrir los costos de producción y muchas bodegas y fincas estén con resultados en rojo. La inflación, por caso, ha desgastado la competitividad y la capacidad contributiva de las empresas está agotada.
Luego de repasar el incremento de la presión fiscal en la última década, el representante del Este expuso datos significativos, que conviene tener presente si queremos apostar a la superación del problema.
Del precio de un vino embotellado puesto en góndola, alrededor de un 70% no pertenece a la actividad vitivinícola, ya que ese porcentaje se lo llevan las condiciones que impone el supermercado y los impuestos. Para el caso de los insumos importados más del 60% del precio corresponde a aranceles, tasas e impuestos.
El Presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este fue preciso al señalar el enorme avance regulatorio de organismos estatales como el INV, SEDRONAR y la AFIP. Sostuvo que su entidad no se opone a la fiscalización y controles pero que ellos deben ser factibles desde el punto de vista económico.
En síntesis que debe haber una adecuada evaluación de los costos y beneficios de las normas regulatorias, que hoy no se hace. Con franqueza planteó la abrumadora acción de la AFIP y el negocio de honorarios de abogados en torno a ella.
Similar situación se presenta con la ART donde el costo se ha multiplicado por cinco desde que se iniciaron, en torno a la cuales -y a la legislación laboral en general- también se ha montado una verdadera industria del juicio.
No se dejó de mencionar que hasta 2011 la actividad no tributaba el impuesto a los ingresos brutos mientras que ahora sí y que cada obligación burocrática que deben cumplir se transforma en un costo y gasto de tiempo para productores y empresas.
Conforme al análisis del problema, la propuesta fue concreta. Detener la inflación, aliviar la presión tributaria, bajar el IVA a 10,5% en las compras vino-mosto en el mercado de traslado, reducir un 50% las contribuciones patronales y eliminar los derechos de exportación.
En definitiva se puede estar de acuerdo o no con las críticas y propuestas de la institución del Este, pero cada punto que se planteó surge de un análisis que mucho tiene que ver con la difícil realidad que se está viviendo en el sector vitivínicola.
