Hasta el momento, la Justicia Provincial otorgó cerca de 50 prisiones domiciliarias y la Justicia Federal, 35. Pero los pedidos entre todos los fueros alcanzan las 330 solicitudes y la mayoría de los que pidieron el beneficio son presos que han cometido delitos contra la integridad sexual. Si se mira la población carcelaria el dato no sorprende, ya que un gran porcentaje de los internos que superan los 60 años son los que han cometido violaciones, abusos y crímenes gravísimos y están cumpliendo largas condenas.
De todas formas, que hayan hecho el pedido no quiere decir que se les otorgó el beneficio. De hecho, la mayoría de los internos que están gozando de prisión domiciliaria están condenados o procesados por robos y hurtos.
"En mi juzgado hay 72 pedidos y se han otorgado 17 prisiones domiciliarias. Y este 25% es el que se repite en casi toda la Justicia. Principalmente han recibido el beneficio los que han cometido delitos contra la propiedad", explicó el juez de Ejecución Penal Provincial, Sebastián Sarmiento.
Con respecto a las solicitudes agregó: "Los condenados por delitos sexuales pertenecen a la franja etaria que va de los 35 a los 60 años y son los que más pedidos han hecho pero no se los hemos otorgado, muchos han desistido en el camino porque no el domicilio que indicaron no los quiere recibir porque en estos casos hay un rechazo muy fuerte del núcleo familiar, además tenemos en cuenta el interés de la víctima y los informes. También han sido rechazados algunos que ponen domicilios que están en peores condiciones que la cárcel".
Es que tras el hábeas corpus colectivo presentado por la ong Xumek al que dio lugar el juez penal Sebastián Sarmiento el 30 de marzo y la resolución de la Cámara de Casación Penal Federal, se ampliaron los parámetros para otorgar la prisión domiciliaria. Antes solo se le daba a un interno que cursaba un enfermedad terminal o necesitaba un tratamiento específico. Ahora, por el riesgo del Covid-19 la hipertensión, la diabetes, el Epoc y tener más de 60 años han pasado a ser factores de riesgo. De todas formas, siempre se analiza caso por caso y el juez determina si es pertinente.
Con respecto a la Justicia Federal, en Mendoza hay 835 detenidos y en todo Cuyo 1.126. En Almafuerte hay 625 internos: 569 hombres y 56 mujeres. Y el resto de los detenidos federales están distribuidos en cárceles provinciales (San Felipe, Boulogne Sur Mer y El Borbollón). Y hasta el momento se han concedido 35 prisiones domiciliarias.
"A nivel país se han otorgado un 10% de prisiones domiciliarias con respecto a la población carcelaria y en Mendoza no llegamos al 5%. De los 800 detenidos, un 10% es población de riesgo. Y la mayoría de las concedidas son internos con delitos que tienen que ver con las drogas", detalló el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Juan Ignacio Pérez Curci.
A favor y en contra
Desde el oficialismo provincial, la postura en contra de la domiciliarias masivas es clara. "Hay que garantizar el cumplimiento de las condenas, en especial en aquellos que son condenados con delitos graves. No estoy de acuerdo que con la excusa de la pandemia no se escuche a las víctimas y se desproteja a la sociedad", dijo el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luis Petri.
"El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población y los derechos de las víctimas. Cuando sancionamos la ley de Víctimas establecimos que tiene derecho a ser informada y dar su opinión respecto del otorgamiento de: salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional y prisión domiciliaria. Exigimos que los jueces lo cumplan", agregó.
Desde el Ejecutivo, aclararon que no están de acuerdo con las prisiones domiciliarias, salvo que lo amerite la situación y lo apruebe un juez. "El mero hecho de estar en grupo de riesgo no implica que esa personas vaya a salir de la cárcel. Se tiene que tener en cuenta el tipo de delito, la situación particular y la voz de la víctima", señalaron desde la Casa de Gobierno.
En tanto, el abogado y exministro de Seguridad Gianni Venier no dudó en plantarse en contra de la medida y vinculó la decisiones judiciales con la política nacional. "En Mendoza no hay motivos para otorgar prisiones domiciliarias porque las cárceles están controladas y no hay un solo caso de coronavirus positivo. Se trata de un tema ideológico. Empezó con la impunidad para los presos k el año pasado y ahora con el Covid-19 están tapando la impunidad institucional. Casación abrió la puerta para las salidas masivas y el PJ la apoya porque la libertad de todos tapa de la Boudou y la banda k", dijo el exfuncionario de Alfredo Cornejo.
“Durante mi gestión hicimos obligatoria una audiencia oral para los pedidos de libertad de los presos a la que asiste la víctima del delito. Eso es un seguro individual para cada caso que impide la salida genérica de presos. Cualquier dictado general de salida es nulo”, añadió.
Por su parte, el abogado Pablo Salinas -conocido por ser querellante en el megajuicio de los crímenes de la dictadura militar en Mendoza- está en contra de la salida de los condenados por crímenes de lesa humanidad. "Están en pabellones especiales, separados del resto. A los 40 pedidos que se han hecho en la provincia los hemos contestado y rechazado. De todas formas se han otorgado 9", dijo el letrado que representa a Abuelas y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEHD).
"Somos un organismo querellante, representamos a las víctimas y hablamos con ellas, cómo se sienten y viven esta situación. Nuestra opinión es una voz que escucha el juez porque también escucha al fiscal y a la defensa. Pero siempre hemos sido muy contundentes en nuestra postura", agregó.
Por último, el abogado penalista Guillermo Yornet, reflexionó sobre la situación: "En situaciones como la que atravesamos debe primar la ley, la facultad del Estado para cuidar la salubridad de la población y el interés general, sobre el particular. Las prisiones domiciliarias no pueden ser masivas, tienen que ser estudiadas exhaustivamente caso por caso. Y los presos tienen derecho a que se analicen sus casos. Además, al Estado le cabe una responsabilidad civil si hay negligencia".
