La industria vitivinícola es tomada como ejemplo a nivel nacional, en lo que consideran una actividad que se adaptó a los tiempos y que tuvo un crecimiento exponencial a partir del cambio de mentalidad de los empresarios, que comprendieron cuáles son las exigencias de los mercados.
También, en lo relacionado a la decisión de los bodegueros de trabajar en conjunto con objetivos comunes, situación que tuvo su repercusión en el mercado interno resultando favorecido, en ese esquema, el consumidor nacional.
Sin embargo, si bien la gran mayoría de la industria optó por ese camino, hay un sector que prefiere priorizar el viejo modelo, el de la intervención del Estado en la industria, el de exigir la compra de vinos por parte del Gobierno y también el que, a través de maniobras, intenta sacar suculentas ganancias.
A riesgo de ser reiterativos vale la pena dedicar un párrafo a todo lo que se hizo bien. Comenzó con entender que no se podía continuar con el esquema de destinar toda la producción al mercado interno y que era necesario incursionar en el espectro internacional.
Los bodegueros comprendieron que la única forma de llegar a las góndolas del exterior era con una buena relación calidad-precio y para ello comenzaron con un trabajo especial en los viñedos, prestando atención a las variedades nobles, incorporando tecnología de punta y capacitando a los enólogos.
El malbec, entre los tintos, y el torrontés, entre los blancos, abrieron las puertas del mundo y de los pocos miles de dólares que se exportaban a mediados de la década de los ’90, se llegó a los casi mil millones de dólares en 2010.
Lamentablemente, políticas erróneas implementadas a nivel nacional generaron que el crecimiento de dos dígitos anuales ingresara primero en una meseta y terminara con algunos números en rojo, como pasó en los últimos años.
Pero hay otra vitivinicultura que camina en forma paralela: es la que intenta volver a los viejos esquemas, a la intervención del Estado a través de la compra de uvas o vinos, el de los reclamos por los bloqueos o los prorrateos o el de algunos que, aprovechándose de ciertas libertades que otorga la ley, aprovechan la situación para hacer pingües negocios.
Es el caso de algunos que tuvieron la habilidad de “transformar” vinos rosados en tintos. No cometen ningún ilícito en razón de que el “corte” lo realizan con aspirán o alicán bouchet, que están autorizadas por el INV. Lo cierto es que algunos vinos “rosados” duplican sus precios al ser transformados en tintos. Si bien lo que realizan no es ilegal, en el fondo están engañando al consumidor.
Lo grave del caso es que muchos de los que adoptan la medida pagaron al productor sobre el vino “rosado”, con lo que el negocio final quedó sólo para ellos. Pero no termina todo allí: como el vino rosado tiene un grado alcohólico menor al de los tintos, sus bodegas se quedan con sus vinos bloqueados.
Es entonces cuando concurren al INV o a dirigentes (políticos o del sector) para que el organismo nacional modifique la situación y establezca un grado por bodega o fije que un determinado establecimiento se quedó sin vinos en existencia de años anteriores. Dirigentes que, aduciendo la defensa de pequeños productores, terminan jugando para algunos pocos.
La vitivinicultura que ha ganado espacios es aquella que trabaja a favor del consumidor, otorgándole productos de mayor calidad y en la mejor franja de precios. Lamentablemente siguen subsistiendo algunos que se aprovechan de artilugios que hacen mucho daño a la industria.
