La resolución del INV, autorizando la denominación de “vino regional” a un jugo de uvas de variedad no vitivinífera, sienta un precedente peligroso por el simple hecho de que no se ha respetado una norma que expresamente prohíbe la elaboración de vinos con ese tipo de variedad.
Y si bien el propio titular del organismo señaló que la cantidad de vinos es ínfima y no puede generar inconvenientes en el grueso del mercado, se trató de una decisión política adoptada por un organismo técnico, cuya función es la de ejercer un control permanente a los efectos de asegurar la genuinidad, sanidad y salubridad de los caldos.
La adopción de decisiones políticas no le hizo nada bien a la industria del vino. Sólo cabría recordar lo que sucedía hasta mediados de la década de los ‘90 cuando el INV, funcionando con un directorio que tenía representación de las provincias vitivinícolas y de los propios sectores, determinaba los porcentajes de vinos que debían ser destinados a destilería, fijaba los cupos de cosecha y de bloqueos y prorrateos de vinos y los grados alcohólicos, regulando el mercado con variables técnicas, en una gestión altamente politizada. Fue la época en que se priorizaba al sector y a los gobiernos y se dejaba de lado al consumidor.
Todo cambió cuando se decidió que el INV pasaba a convertirse en un organismo eminentemente técnico, dejando las políticas en manos de la propia industria, en acuerdo con los gobiernos provinciales. Fue así que se generó una nueva visión estratégica que permitió que se reconvirtieran viñedos, se ganaran mercados internacionales, se produjera una interesante diversificación, esencialmente a mosto, y hasta se conformó un plan estratégico a 20 años, cuyas metas fueron cubiertas antes de llegar a la mitad del período establecido.
De aquella época es también la resolución que estableció la definición de “vinos” como “el producto obtenido de la fermentación alcohólica total o parcial de los azúcares naturales de la uva fresca o del mosto virgen, previamente limpiado y mantenido en frío, de uvas provenientes de la especie vitis vinífera...”, indicando que “ningún otro líquido, cualquiera sea su origen o composición podrá designarse con el nombre de vino”.
La exigencia de las variedades vitis viníferas aparece expresamente también cuando se hace alusión a los vinos de mesa, regionales, livianos o gasificados. En el reglamento vitivinícola del Mercosur, la Argentina deja expresa constancia de que sus vinos son elaborados con variedades exclusivamente vitis vinífera.
Es por ese motivo que la industria se vio sorprendida por la nueva resolución del INV, al aceptar como “regional” a un Vino de la Costa, de los distritos de Berisso y Ensenada, a pesar de estar elaborados con una vitis lambrusca, de las variedades Isabella, que se conoce comúnmente como uva “chinche” y que, de cuya fermentación surge un “brebaje intomable”, como bien lo calificara un conocido enólogo local.
El titular del INV se manifestó sorprendido por la trascendencia que tomó la medida y a modo de explicación indicó que se trata de “sólo” 23 hectáreas divididas en 26 viñedos, pero lo que demostró que fue una decisión política surgió de uno de esos productores favorecidos al explicar que había sido un pedido que había elevado en cierta oportunidad a la Presidenta de la Nación, solicitando además un subsidio de 600 mil pesos, que también recibió.
La obligación del INV debe ser cumplir sólo y estrictamente con su función técnica. El sector privado ha demostrado que hace bien los deberes y que necesita un organismo de control serio, creíble y despolitizado partidariamente, para así poder establecer estrategias a largo plazo.
