La implementación, por ley, de la declaración del vino como Bebida Nacional, constituye en los hechos un reconocimiento a la labor desarrollada por nuestra principal industria de base agrícola en los últimos años.
Y si bien se trata de un hecho importante, también resultaría valioso que las autoridades nacionales adopten medidas tendientes a lograr una mayor competitividad de los vinos argentinos a los efectos de que no pierdan el posicionamiento en las góndolas internacionales.
Hay datos concretos que permiten deducir que los pasos positivos dados por la vitivinicultura han sido bien considerados por el Gobierno nacional. De hecho, cada vez que se presenta la oportunidad, funcionarios nacionales destacan el valor del trabajo en conjunto, como sucede con la Coviar y la implementación de un plan estratégico a 20 años.
En numerosas oportunidades funcionarios de Economía o de Agricultura han inducido a los actores de la industria láctea o de la carne a conformar planes similares a los del vino.
También resulta valiosa la decisión, en este caso de la Presidenta de la Nación, de prorrogar el decreto que favorece al champagne, al separarlo del grupo de bebidas que deben pagar un impuesto especial por ser consideradas suntuosas.
En el caso de la imposición “Bebida Nacional”, lo más importante de la nominación es que califica al vino como un “alimento” y no como una bebida alcohólica, lo que permitirá a la industria argumentar, ante las autoridades correspondientes, para excluir al vino de la prohibición impuesta a la publicidad de productos con alcohol.
Un aspecto significativo si tomamos en cuenta, a modo de ejemplo, que en Francia, el país vitivinícola más importante del mundo, el vino quedó inmerso en las campañas anti alcohólicas lo que, al decir de muchos, lesionó el consumo. A esto debe sumarse la decisión de establecer que todas las Embajadas de la Argentina cuenten con un stock suficiente de vino argentino para destinarlo a los agasajos, a modo de difusión.
Está en discusión, y es un tema que ha generado algún tipo de preocupación, la imposición de colocar el “logo Bebida Nacional” en las etiquetas, pero es algo que puede solucionarse a través de acuerdos futuros.
Tomado desde el punto eminentemente económico, si colocamos en una balanza los cambios que podría generar la imposición del vino como Bebida Nacional, el movimiento no será muy significativo pero sí lo es el hecho de que el Gobierno nacional ha tomado en cuenta el avance logrado por la industria en los últimos años.
De allí que llame la atención que esas mismas autoridades nacionales no reaccionen de la misma manera favorable ante los pedidos formulados por la industria para que se modifiquen algunos esquemas que están provocando que el vino pierda competitividad en los mercados internacionales.
La industria es consciente de que no se puede pedir una devaluación pero sí se podrían implementar medidas que, al menos, logren frenar la inflación, que es la que genera los desfasajes.
También podrían acelerarse las devoluciones de las retenciones por exportaciones, facilitar la importación de determinados productos que muchas veces provocan serias demoras en la elaboración o bien aplicar algún tipo de medida que permita paliar los mayores costos en el transporte por la distancia con el puerto.
Vale entonces el hecho de que se ratifique al vino como Bebida Nacional pero es de esperar que también se produzcan avances concretos en los planteos que ha reiterado la industria vitivinícola a lo largo de los dos últimos años.
