“El Paco te mata. Decile no”. “Mendoza, Espíritu Grave”. “No al bloqueo del vino”. “La vendimia, de luto”. “Sin precio no hay productores. Sin productores no hay vino. Sin vino no hay vendimia”.
Consignas ingeniosas, otras más serias, se leían en los carteles que portaron más de 2.000 productores vitivinícolas llegados desde San Rafael, Valle de Uco, Lavalle y el Gran Mendoza durante una manifestación de casi 3 horas que recorrió las calles céntricas y terminó con un acto en la explanada de Casa de Gobierno.
El objetivo fue expresar su malestar por la crisis de la actividad que, a un mes del comienzo de cosecha, no tiene precios ni la certeza de que pueda recogerse la uva en condiciones. Encontraron puertas cerradas y ningún funcionario que los recibiera, pero se hicieron oír frente a la sede del Ejecutivo, que hasta horas antes había intentado desactivar la protesta.
Las columnas de micros, camionetas y tractores confluyeron en el nudo vial de ingreso a la Ciudad pasadas las 11 y se desconcentraron después de las 14.
Durante el acto, hubo un mensaje monolítico: el de la unidad, que ayer quedó reflejada en la afluencia de viñateros, bodegueros y dirigentes de 23 entidades que adhirieron, un número superior a las 15 previstas inicialmente, debido a la trascendencia nacional que cosechó apoyo incluso de cámaras de Río Negro, La Rioja y Salta.
También hubo permanentes, aunque infructuosos, pedidos a viva voz para que se hicieran presentes el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, y el propio gobernador Pérez.
Mientras el Boletín Oficial de la Nación publicaba el decreto del Observatorio de Precios Vitivinícolas anunciado en la Casa Rosada el miércoles, ayer algunos dirigentes denunciaban aprietes de los funcionarios para desactivar la movilización.
Casi como moneda de cambio para asegurar los fondos que permitieran retirar el problemático sobrestock de 200 millones de litros de vino, aunque en concreto por ahora sólo habrá $ 50 millones del Tesoro Nacional y la promesa de una contraparte idéntica de Mendoza y otros $ 25 millones de San Juan.
“Dijeron que era una marcha política. Y sí, es política, pero de política agropecuaria, porque no la hay. La situación de la vitivinicultura es terminal y se refleja en todos los que estamos acá.
Nuestras autoridades tienen que tomar conciencia, hubo errores de pronóstico de cosecha y de un Estado ausente. Pero 5 dirigentes no hacen milagros; necesitamos el granito de arena de todos”, dijo Daniel Rodríguez, de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
A él se sumó Sergio Villanueva, gerente de la UVA, al afirmar que “la marcha es algo espontáneo, se hiciera hoy o mañana. No contra nadie sino contra la situación, porque dicen que habría hasta $ 500 millones pero no hay certeza. Mientras, el blanco escurrido no se le vende a nadie y exportar es una fantasía”.
Ya frente a la escalinata de Casa de Gobierno, los oradores recordaban un petitorio de 5 puntos: fondos para sobrestock, rechazo al bloqueo del vino, apoyo al acuerdo con San Juan con un 35% de diversificación de la uva, la Ley de Edulcoración con Mosto y menos presión fiscal. No sin remarcar que se trata de medidas discutidas desde mediados de 2014.
Pasado el acto, el ministro Costa, tras insistir que habrá $ 500 millones para el salvataje, admitiría que hubo un pedido de postergación. A juicio del funcionario, “hemos respondido a 4 de los 5 puntos del petitorio. Vamos a rediscutir las medidas, hoy trabajaremos en el monto a pagar para destilación y la semana próxima firmaremos el contrato”.
Cosecha y Fiesta, en la mira
Por las calles de la ciudad, los productores de a pie tenían lo suyo para decir. Como José (60), dueño de 20 hectáreas en Montecaseros, quien ya les anticipó a sus 4 empleados "que se trabajará menos este año, porque si cosechamos vamos a tener el mismo sobrestock. Creo que habría que dejar al menos 40% de la uva en la planta; igual no vamos a recuperar el gasto: me reciben la uva tinta y blanca, pero no la mezcla".
Mientras algunos pequeños y medianos vitivinicultores del Sur y la Primera Zona vitivinícola ofrecían lo suyo al estilo clasificados (“Vendemos bodegas y viñas, escuchamos ofertas”), Alejandro Salafia, productor y bodeguero de San Rafael, trazaba un análisis más profundo.
“Los $ 50 millones que se aseguran son señal de que la Nación no entiende la realidad de la economía regional y menos la vitivinicultura. Se pagan impuestos para financiar a un Estado ineficiente y la actividad está al borde del quebranto”, consideró Salafia.
Respecto de la movilización, según Rodríguez “debemos hacernos a la idea de que no será la última vez. A lo mejor tengamos que reunirnos para la Fiesta de la Vendimia, porque si los productores no tienen rentabilidad no habrá Fiesta”, arengó al micrófono Rodríguez, y muchos se hicieron eco. Al desafío inicial se sumaron voces: “Lo que se anunció y hay no alcanza”, confió otro dirigente.
