La falta de viviendas y la proliferación de asentamientos o barriadas con unidades habitacionales muy precarias, es uno de los problemas existentes en Mendoza, que se arrastra de años.
Tener un techo de comodidades y servicios de baja a muy mala calidad condena a muchas personas a la marginalidad y, por sobre todo, a los niños que se inician en medio de condiciones insalubres y proclives a contraer enfermedades.
Los relevamientos oficiales sobre asentamientos y villas miseria del país (4.228 en todo el país) dan cuenta que la situación de Mendoza no es para nada alentadora. En nuestro territorio los asentamientos contabilizados son 217 y con ese número la provincia se ubica quinta en el ranking nacional, sólo por detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones.
En cuanto a los números provinciales por departamento, el Gran Mendoza es la zona que más concentración de asentamientos registra. Las Heras es el departamento que más villas miseria posee con 30; seguida por Guaymallén con 28 y Maipú con 26; mientras que Luján de Cuyo con 25 y Capital con 23 completan esa clasificación deprimente, que nunca termina de erradicarse.
Todos los que habitan estos espacios deprimidos y carentes de prestaciones básicas preocupan, pero los más afectados son los niños y adolescentes, que conforman un porcentaje elevado de los moradores de esos lugares. Casi 40% de los habitantes de esos conglomerados tienen menos de 20 años.
"Las situaciones que a diario viven los niños, niñas y adolescentes de Mendoza, que no cuentan con las condiciones básicas de infraestructura en su hogar, trascienden cualquier estadística. Crecen en medio de problemas y necesidades", sostuvo Los Andes en mayo de 2017 en una nota titulada
"Menores, los más afectados en los barrios pobres".
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, consideran barrios populares a aquellos asentamientos “donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más servicios básicos como red de agua potable, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
Arquitectos sociales que estudian estos temas hacen sus aportes para remediar la actual grave situación de techo digno en muchos sectores de la población. Sostienen que debería incluirse, en los planes de urbanización, a los 217 barrios inestables para quedar integrados a las tramas urbanas.
Los planes de urbanización deberían obtener la propiedad de tierras para el trazo de calles, lotes y espacios de recreación y equipamiento comunitario.
Desde el IPV consideran que Mendoza es una de las más avanzadas en legislación. Destacan que en nuestra provincia está vigente la ley de Ordenamiento Territorial, por lo que antes de plantear barrios hay que contemplar las planificaciones urbanas de cada municipio.
El capítulo de expropiación de tierras para barrios populares se presenta como otro desafío a solucionarse. Un legislador ya advirtió que este tema "debe abordarse con responsabilidad para que no se convierta en una avanzada contra la propiedad privada".
También sostiene que la construcción debe ser progresiva y de bajo costo, susceptible de ampliación, en remplazo de las actuales techos de sectores marginados, relevados, y contando, en principio, con aportes de trabajo, ahorro y materiales por parte de las familias.
El Ejecutivo nacional impulsa un proyecto de ley para expropiar los terrenos en donde se encuentran estas barriadas y así poder entregar el título de propiedad a sus ocupantes actuales, para luego avanzar en su urbanización. La iniciativa busca declarar la utilidad pública y sujeta a expropiación de los inmuebles que componen el Renabap como una reparación social histórica para las familias más vulnerables.
