Nuevamente la lupa se coloca sobre las condiciones de seguridad de los transportes escolares, luego de que uno de ellos protagonizara ayer un accidente en Godoy Cruz en el cual resultó lesionada una pequeña de 5 años (ver aparte). La antigüedad de estos vehículos aparece como la pata más floja del sistema, ya que se asegura que los controles son exhaustivos.
Según la normativa lo máximo permitido para que puedan circular es de 20 años (es decir, hasta el modelo '93). El presidente de la Cámara de Transportes Escolares, Jorge Bono, reconoció que la mayoría del parque actual son modelos '94 y '95 y que por ello este año han comenzado el recambio de las 270 unidades habilitadas, que concluirá en 2014.
En definitiva, están circulando al límite de lo permitido, tal el caso del transporte accidentado ayer: es modelo '94 y ha tenido dos dueños que hace 10 años lo usan para traslado de escolares.
En el caso de aquellos que tienen menos de 15 años de antigüedad la revisión se realiza cada tres meses, mientras que a aquellos que la superan se les hace cada dos.
Desde el punto de vista de Laura Moles, directora de Jurídica y Fiscalización de la Secretaría de Transporte, "la antigüedad de 20 años es excesiva, debería ser como máximo 15, pero así está permitido legalmente".
Tal afirmación adquiere peso si se tiene en cuenta que al resto de los medios de transporte público se les permite circular hasta una década, período inflexible para los colectivos pero extensible para taxis y remises que usan GNC (dos años y uno, respectivamente).
Bono explicó que una de las complicaciones que encuentran para renovar las unidades es que las nuevas funcionan con eurodiésel, lo cual no les permite la conversión a GNC, el combustible que utilizan para que no se disparen los costos. Por ello han dirigido una carta a la presidenta Cristina Fernández para que interceda ante la industria y se empiecen a fabricar utilitarios nafteros.
¿Son seguros?
Según la versión del conductor que chocó ayer, el vehículo se quedó sin frenos por lo cual decidió detenerlo contra un árbol -luego volcó- para evitar un mal mayor. Aunque esto no pudo ser confirmado por la Policía Vial -se espera tener precisiones el lunes-, llamó la atención el desgaste de las cubiertas traseras que aparecían casi sin dibujo.
Pero tanto desde la Policía como desde la cámara del sector y la Secretaría de Transporte llevaron tranquilidad a la población al asegurar que los controles que se realizan sobre este tipo de vehículos son exhaustivos y que se trata de uno de los medios más seguros.
Desde el ente de gobierno se informó que el transporte escolar accidentado contaba con el permiso correspondiente con vigencia hasta 2015, además de la revisión técnica obligatoria.
Respecto de los frenos, Laura Moles aseguró que "los talleres controlan esto ya que están habilitados para tal fin", sin embargo comentó que han solicitado a las revisoras técnicas que se haga una investigación ya que notaron el mal estado de los neumáticos.
En tanto, para Bono no se puede asegurar que haya una falla mecánica hasta que concluyan las pericias, pero "en 32 años que llevo en esto nunca un vehículo se ha quedado sin frenos porque tienen doble circuito, a lo cual se suma el freno de mano".
De todas formas, consideró que las medidas de seguridad funcionaron ya que pese al vuelco la niña (única ocupante en ese momento) no sufrió mayores daños y sólo se golpeó con un asiento. "Somos sinónimo de seguridad, las estadísticas demuestran que casi no tenemos accidentes y cuando ocurren son por causa de terceros", agregó.
Para Roberto Munives, jefe de la Policía Vial, es poco frecuente que tengan accidentes: "Si se observan en general no tienen abollones, lo cual lo demuestra".
Cabe recordar que uno de los hechos más graves protagonizado por un transporte escolar en Mendoza ocurrió el 24 de junio de 2010, cuando un niño de 5 años falleció en General Alvear luego de ser despedido del vehículo al ser embestido lateralmente y arrancada la puerta.
El caso de los clandestinos
La seguridad de estos vehículos sí se pone en duda en el caso de aquellos que son clandestinos, porque no cumplen con las revisiones exigidas. "Están fuera del sistema y por lo tanto no pueden brindar ninguna seguridad", dijo Moles, quien explicó que realizar operativos contra ellos es muy difícil y apeló a la conciencia de los padres al contratar estos servicios.
Si bien en 2010 se estimaba que 30% eran ilegales, Bono dijo que actualmente se ha reducido al mínimo ese índice. Sin embargo, llamó la atención sobre remises "truchos" que funcionan como transporte escolar. Dijo que tienen capacidad para llevar 4 pasajeros pero llegan a subir hasta 11 niños. "Lo hemos visto, sacado fotos y enviado a la Secretaría pero parece que no se puede hacer nada".
También mencionó que el servicio que prestan está funcionando al 40% de su capacidad porque han perdido usuarios por la situación económica, pero también que muchos padres hacen la vista gorda frente a la seguridad y optan por lo más económico. Si el transporte habilitado puede costar entre $ 500 y 550 mensuales, para los clandesitnos se necesita la mitad.
