La Fiscalía venezolana revelará la identidad de seis personas detenidas por supuestamente intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro con drones cargados de explosivos, una denuncia por ahora con más sombras que luces.
Anticipando una "sanción implacable", el fiscal general, Tarek William Saab, de línea oficialista, dijo que entregará detalles sobre el "atentado" del que salió ileso Maduro el pasado sábado durante una parada militar en Caracas.
Saab presenció el incidente desde la tribuna donde el mandatario socialista daba un discurso cuando explotó uno de los dos drones, hiriendo a siete militares, según el gobierno.
El presidente denunció el hecho como un intento de magnicidio y aseguró que detrás estaba su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo gobierno tachó de "absurdos" los señalamientos.
Un informe policial identifica a uno de los hombres como César Saavedra, quien fue apresado cerca de un edificio residencial donde estalló el otro artefacto.
Están "plenamente identificados los autores materiales e intelectuales" dentro y fuera del país, aseguró el domingo el ministro de Interior, Néstor Reverol, quien no descartó más arrestos en las próximas horas.
Maduro sostiene que los "financistas" del plan están en Estados Unidos y que la orden de atacarlo vino de Bogotá.
Un supuesto grupo de militares y civiles rebeldes, identificado como Movimiento Nacional Soldados de Franelas, se atribuyó el ataque, aunque las autoridades no lo han confirmado.
En respaldo al mandatario, los partidos de la coalición de gobierno, empleados públicos y organizaciones sociales marcharán este lunes hasta el palacio presidencial de Miraflores.
No se ha confirmado la presencia de Maduro, confrontado a un fuerte rechazo popular por la debacle económica, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación que llegará a 1.000.000% en 2018, según el FMI.
Maduro pretende "reforzar su narrativa de que la crisis se debe a actores externos de Colombia y Estados Unidos, pero no está claro si esta táctica va a funcionar", aseguró a la AFP el director de Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
Washington negó cualquier participación en el hecho, mientras Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Turquía y Rusia se solidarizaron con su aliado venezolano.
Maduro guardó silencio sobre el caso el domingo, y en su lugar tomó la palabra el alto mando militar para reiterarle su "irrestricta lealtad".
Con gran poder político y económico, la Fuerza Armada es considerada el principal sostén del mandatario, cuya reelección el pasado 20 de mayo desconocen la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
En tanto, en el ambiente sigue la amenaza del presidente de perseguir a los responsables con mano de hierro, lo que la oposición consideró el presagio de una ola represiva en un país con dos centenares de "presos políticos".
El manejo del caso es un "intento de criminalizar a quienes legítima y democráticamente se le oponen y profundizar la represión", denunció el opositor Frente Amplio.
El ministro Reverol sostuvo que cada dron estaba cargado con un kilo de explosivo C4. Uno fue desarticulado con inhibidores de señal cerca de la tarima presidencial, afirmó, mientras que el otro perdió el control e impactó en un edificio cercano al acto, dejando una columna de humo.
La televisión gubernamental difundió una imagen en la que se ve a Maduro desorientado tras la explosión del artefacto, junto a su esposa Cilia Flores y altos funcionarios.
Luego de eso es evacuado por sus escoltas, que lo protegen con escudos antibala, y se ve a decenas de militares corriendo asustados.
"Estas imágenes de los soldados corriendo no favorecen a Maduro. Reflejan a un mandatario y gobierno precarios y vulnerables", consideró Shifter.
Pese a los detalles entregados por las autoridades, quedan varias dudas.
Aunque Reverol explicó que ambos drones estaban controlados por "terroristas", el fiscal sostuvo que uno de esos aparatos grababa el acto. "Pude observar cómo el dron que filmaba los hechos explotó", dijo a CNN.
En Venezuela se requiere un permiso para manipular drones y, en todo caso, es difícil que particulares puedan maniobrarlos durante actos oficiales.
Al negar cualquier participación de Estados Unidos en el incidente, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, puso en duda la veracidad del parte oficial.
Pudo haber sido provocado por "muchas cosas, como un pretexto montado por el régimen mismo o cualquier otra cosa", subrayó.
Analistas como Luis Salamanca advierten que debido a que el gobierno controla prácticamente todas la instituciones será muy difícil tener una investigación imparcial.
"No hay un órgano independiente que haga una investigación seria", comentó.