Frecuentemente se utiliza el término “tragedia” para caracterizar a todo siniestro vial con numerosas víctimas. Se atribuye al hecho de una supuesta “fatalidad”, un destino inevitable, como la caída de un rayo que escapa al accionar del hombre. Un siniestro vial no lo es.
El incidente del ómnibus de TurBus fue un suceso evitable si el chofer hubiera acatado elementales reglas de manejo que deben ser empleadas por todas las personas al volante, pero que resultan inexcusables en la conducción de un transporte de pasajeros.
Circular a casi 100 km/h, de noche, en camino de montaña que indica una máxima de 40, es injustificable. La “presión” por llegar más rápido a los controles aduaneros es una realidad que hemos relatado en incontables oportunidades. El desplazamiento en la cordillera a velocidades prohibidas por parte de camiones de carga internacional y del transporte público de pasajeros es comprobable a diario. El propio procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, sostuvo que “ir a alta velocidad es bastante común en las empresas que quieren llegar primero a la aduana”. Tesis, por otra parte, de este diario en la primera crónica sobre la causa del suceso.
Asimismo dejó planteado que esa situación debe ser corregida entre los sectores oficiales y privados para desalentar la carrera diaria de los colectivos, una verdadera locura, especialmente en época veraniega.
Por otra parte, debe ingresar en un plano de aplicación real una fiscalización más tenaz y persistente de los organismos competentes en el terreno, como Gendarmería Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con el apoyo de la Policía de Mendoza.
Controles móviles que cambien periódicamente de ubicación podrían ser una de las alternativas.
Al respecto, la Asociación Propietarios de Camiones (Aprocam) recordó que desde 2012 solicita inspecciones de alcoholemia y velocidad reales en la ruta a Chile por los reiterados casos de conductores en falta. Una imposibilidad grave para la supervisación de los vehículos y de quienes los manejan es la burocracia argentina: los alcoholímetros y cinemómetros que tiene la institución policial no están homologados (la homologación se hace cada seis meses y es un trámite engorroso en el INTI) y por tanto, el equipamiento está, pero escasamente se utiliza debido a que sin su convalidación no se puede multar.
Asimismo, y como lo ponen en evidencia las crónicas de este diario, de ayer, el cinturón de seguridad salvó vidas en el vuelco de la curva del Yeso y su utilización en cada viaje deberá ser inexcusable.
Otro tema de relevancia es que los choferes de colectivos de larga distancia no atraviesan por cursos de profesionalización (homologados por la CNRT) con los mismos parámetros que los choferes de camiones.
Una falencia más observada por Aprocam es que los colectivos chilenos no tienen limitadores de velocidad, como sí las unidades argentinas. En algunos casos, estos limitadores hacen que al pasar los 100 km/h los colectivos directamente se frenan y tienen que volver a arrancar.
La ruta a Chile es una vía peligrosa en la que no se debería andar a más de 80 km/h en tramos de rectas con buena visibilidad, y en la que existe un panorama de control que dista mucho de ser óptimo. Está presente Gendarmería pero su capacidad operativa no alcanza.
La ciudadanía debe abandonar la creencia de que “fue el destino” y dejar la pasividad y adoptar hábitos de prevención personales y grupales, y exigir al Estado controles exigentes, periódicos y rotativos de los caminos. Si como sociedad no reaccionamos ante desatinos tan imperdonables como el de la curva del Yeso, persistirá la realidad de que siempre llegamos cuando ya es tarde.
