Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
Mauricio Macri tuvo su primer triunfo político a la vez que su gobierno comienza a introducirse de lleno en el terreno escarpado de la economía post-kirchnerismo. El Senado sancionó por una mayoría imposible de imaginar hace pocas semanas -54 votos contra 16- la ley de pago a los holdouts, que busca poner fin a la traumática relación de la Argentina con los acreedores de la deuda defaulteada 14 años atrás.
Aunque Macri no tiene por ahora más que promesas de obras públicas hipotéticas y de mayor equidad en el reparto de fondos entre las provincias, logró encolumnar detrás de la ley a casi todos los gobernadores, lo que derivó en el contundente triunfo en la Cámara alta. La necesidad de la Nación y de las provincias de conseguir auxilio financiero para superar una coyuntura compleja hizo a los caciques del interior tirar hacia el mismo lado que el Presidente.
Un factor extra se complotó a favor de Macri: la crisis en un justicialismo nacional que, fuera del poder, no tiene líderes claros. En este escenario, el rol del jefe del bloque de senadores, Miguel Pichetto, terminó de cobrar en la sesión del miércoles una dimensión mayúscula. Pichetto, sin culpas ni remordimientos, ejecutó como un eximio instrumentista una partitura llena de matices.
Fundamentó técnicamente mejor que los oficialistas los riesgos que entrañaba no apoyar la norma, a la vez que defendió la política de desendeudamiento que llevaron adelante las anteriores administraciones K, de las que él fue su principal voz en la Cámara alta. Ya en el clímax no desaprovechó sus recursos dramáticos: hundió la daga en los corazones de los cristinistas, que integran el bloque que él conduce, con una confesión que quedó alojada en sus mentes: “Recuperé la capacidad de reflexionar”.
El Gobierno nacional debe ahora utilizar la herramienta que le dio el Congreso. Tiene por delante una carrera contrarreloj ya que el 14 del corriente vence el plazo para pagar a los fondos buitre y antes debe colocar tres bonos, por hasta 12.500 millones de dólares, en Estados Unidos.
La Justicia norteamericana ha dado, en este sentido, señales inquietantes porque recién el 13 será la audiencia en la Corte de Apelaciones entre los distintos grupos de holdouts y el Estado argentino, de la que el tribunal de segunda instancia sacará los argumentos para ratificar -o no- la caída de las cautelares que hace dos años dictó el juez Thomas Griesa para obligar a la Argentina a pagar a los buitres. Si este paso no se cumple, si la Corte no levanta los embargos, la ley sancionada establece que el país no podrá abonar y las negociaciones volverán a foja cero.
Mientras Macri busca capitalizar la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la inminente salida del default para atraer inversiones imprescindibles para que su plan económico tenga futuro, su gobierno atraviesa momentos complejos. Pocas horas después del triunfo en el Congreso, la Casa Rosada informó el aumento del 100% en la tarifa de los colectivos interurbanos del Gran Buenos Aires y tarifazos del orden del 300% para el gas y la luz.
El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, recurrió a herramientas del kirchnerismo: decidió usar el índice de inflación de San Luis, en lugar del de CABA, para calcular el CER porque el primero fue más bajo y aseguró, sin bases técnicas que lo puedan respaldar, que en el segundo semestre la inflación mensual será del 1%, cuando entre enero y marzo ha rondado el 4% y los aumentos de las tarifas de colectivos, gas y agua anunciados esta semana aún no impactaron. A este cóctel se sumó una nueva alza del precio de la nafta.
Ningún sindicalista cree que la inflación de 2016 pueda ser inferior al 35%, lo que complica las paritarias que están en curso. A la inercia inflacionaria que dejó el kirchnerismo -producto de un recalentamiento brutal de la emisión monetaria en 2015- se sumó la devaluación macrista del 55% y ahora la saga de tarifazos.
Los esfuerzos del Banco Central por absorber pesos y la reducción de subsidios ponen a la Casa Rosada ante el riesgo de que la economía realmente no crezca y de que tampoco se pueda cumplir la meta fiscal de achicar el descomunal déficit heredado del kirchnerismo por la caída en los ingresos.
El peronismo, que esta semana decidió consumar la ruptura con Cristina Fernández, es consciente de todo esto. No fue casual que todos los bloques de diputados del PJ -el massismo, los ex K y los kirchneristas- hayan recibido el miércoles a las cinco centrales obreras (las tres CGT y las dos CTA) en el principal salón de la Cámara baja. Se predisponen a apurar leyes que alivien a los trabajadores de los efectos del ajuste que el Gobierno está ejecutando.
El oficialismo no tiene fuerzas para bloquear los debates, pero aclara que en este 2016 no hay recursos fiscales para cambiar las escalas del impuesto a las Ganancias y además resiste el regreso de la doble indemnización que impulsan los gremios con el argumento de que desalentaría la creación de nuevos empleos.
Encima, para saldar las tensiones internas que recrudecieron con fiereza entre peronistas dialoguistas y cristinistas de cara a la definición de las elecciones internas del justicialismo, Pichetto apura en el Senado una iniciativa, respaldada por todos los sectores del PJ, para frenar la carrera hacia el sobreendeudamiento del Gobierno nacional.
Si la oposición insiste y logra imponerse en estas leyes, Macri podría verse obligado a romper el delicado puente que está tendiendo con el PJ parlamentario y hasta podría tener que echar mano a una herramienta que usó con frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires: el veto.
Posiblemente la ansiada lluvia de inversiones que espera el Gobierno, en plazos sobrenaturalmente breves, podría actuar como un shock sobre la economía lo suficientemente consistente como para impedir que el peronismo, que por ahora juega tácticamente con la Casa Rosada, no se transforme en verdugo.
En este sentido, el macrismo es optimista: espera que la racionalidad haya regresado a la política argentina para quedarse.
