Víctimas del Próvolo al Papa: "Las autoridades de la Iglesia no han estado a la altura"

Los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (59) fueron condenados a 42 y 45 años, respectivamente, en noviembre del año pasado como autores de abusos sexuales y episodios de corrupción contra niños y niñas sordos y sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo). Junto a ellos, fue encontrado culpable también el jardinero Armando Gómez, quien recibió una condena de 18 años de prisión.

Ya con la condena penal confirmada, la causa avanza ahora en el plano de la Justicia civil. Sin embargo, lejos parecen estar las partes de un arreglo resarcitorio para las víctimas (o sobrevivientes, como prefieren ser llamados). Por esto mismo es que uno de los abogados de los demandantes -Leandro Rodríguez Pons, también integrante de la ONG Xumek- entregó esta mañana una carta dirigida al Papa Francisco. Lo hizo en la nunciatura apostólica, ubicada en Buenos Aires; y que es como la embajada de la Santa Sede en el país.

En la misiva, el abogado critica la posición adoptada tanto por el Arzobispado de Mendoza; y principalmente por el representante de la Asociación Obra San José, monseñor Alberto Bochatey. Este último fue designado por el propio Papa como interventor del Próvolo, y es quien representa en la Justicia a la parte demandada.

"No está resultando para nada sencillo (NdA: intentar llegar a un acuerdo en la Justicia para evitar un nuevo juicio). Ello como consecuencia de que, tanto el Arzobispado de Mendoza como la Asociación Obra San José, han tomado una conducta procesal agresiva y dilatoria, cuestionando la veracidad de las declaraciones de las víctimas y oponiendo, entre otras defensas, la prescripción de las acciones, como si el tiempo borrara el daño o las vergüenzas", especifica Rodríguez Pons al Papa. Y destaca que en uno de los intentos por llegar a un arreglo que evite un nuevo proceso participaron Juan Grabois y Roberto Carlés, dos referentes con llegada muy cercana al Papa.

En el mismo texto, acusan particularmente a Bochatey "quien, con su actitud negacionista, ha demostrado mayor preocupación por resguardar patrimonialmente a la orden que en asumir la responsabilidad institucional que indiscutiblemente tiene".

Sin resultados

El abogado relata además sobre la convocatoria que hizo una Cámara Civil mendocina una vez conocida la sentencia penal, con la intención de llegar a un acuerdo para que las víctimas obtuvieran una reparación; aunque no fue productiva.

"Todos los intentos fueron infructuosos, ya que dialogar con la contraparte era como negociar con una compañía de seguros. La prioridad de la contraria fue todo el tiempo indemnizar al menor costo posible. Cabe aclarar que con menos de la mitad del dinero que recibió la Asociación por la venta del inmueble donde funcionaba (NdA: casi 153 millones de pesos, a abonar en 5 partes -4 de ellas dolarizadas-) es suficiente para resarcir a las víctimas. Pero Bochatey hipócritamente realiza declaraciónes públicas de solidaridad con los afectados pero, en privado, protege mezquinamente el bolsillo de una orden cuyos integrantes abusaron sexualmente de personas sordomudas en Verona, en La Plata y en Mendoza", insiste Rodríguez Pons.

"Lo expuesto no hace más que demostrar que las autoridades que han sido designadas para representar a la Iglesia en este conflicto no han estado a la altura de las circunstancias, y tampoco tuvieron la actitud que la Iglesia necesita que posean frente a estos casos, por su bien y por el de los afectados. Aquí, claramente, las buenas intenciones, las frases de solidarización con los perjuidicados y la condena pública a los autores de los abusos son insuficientes para reparar el perjuicio y para demostrar genuino arrepentimiento. En ese sentido, no podemos dejar de aplaudir su decisión de abolir el secreto pontificio que, además de darle más transparencia a los procesos internos de la Iglesia, permitirá darle mayor celeridad a las investigaciones de estas clases de hechos al quitar dicha traba institucional", agrega.

La carta completa

Su Santidad
Compañero Francisco:
            Debo comenzar estas palabras efectuando dos necesarias aclaraciones. La primera de ellas, respecto a la utilización del término "compañero" en varios pasajes de la misiva. Contrario a lo que mal se podría pensar, me dirijo a Ud. como "compañero" por entender que estoy ante una persona que comparte y acompaña la militancia por las luchas que buscan la reivindicación de todos aquellos que la sociedad vulnerabiliza y excluye. 
            La segunda de las salvedades esta vinculada a las razones por las cuales el contenido de esta comunicación lamentablemente será publicado. Muchas veces es necesario exponer ciertas conductas para visibilizar y avergonzar a los responsables en pos de generar los cambios pertinentes para acabar con las miserias que provocan. Espero que sepa entender que esta carta es una denuncia pública, que busca poner en su conocimiento y en el de la sociedad, el actuar de quienes tienen sobre sí la obligación de no seguir deshonrando los valores que la Iglesia Católica profesa y, especialmente, no continuar agravando el daño que algunos de sus miembros han provocado. 
            Dicho esto, debo continuar señalando que hace más de un año y medio tengo la gran responsabilidad de representar en los reclamos civiles a las víctimas de las graves atrocidades ocurridas en el Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza que la Asociación Xumek representa. Junto con Juan Manuel Lavado hemos asumido con la mayor dignidad que nos ha sido posible esta tarea, con la convicción de que el resarcimiento para los damnificados representa una forma de aminorar los padecimientos sufridos por éstos, ya que borrarlos sería una gestión de imposible cumplimiento.

Varios intentos existieron de nuestra parte para no obligar a atravesar un nuevo proceso judicial a las víctimas. Uno de ellos contó con la colaboración de dos compañeros que se comprometieron en forma genuina y silenciosa con la causa, Juan Grabois y Roberto Carlés. Todos ellos fracasaron y nuestras propuestas fueron desechadas por el padre Alberto Bochatey sin explicación alguna.
            En sede judicial obtener tan loable objetivo no está resultando para nada sencillo. Ello como consecuencia de que, tanto el Arzobispado de Mendoza como la Asociación Obra San José, han tomado una conducta procesal agresiva y dilatoria, cuestionando la veracidad de las declaraciones de las víctimas y oponiendo, entre otras defensas, la prescripción de las acciones, como si el tiempo borrara el daño o las vergüenzas. Defraudando, una vez más, la parte demandada a quiénes tanto daño le han provocado, ratificando su compromiso con agravar la situación de nuestros mandantes y continuando con una actitud procesalmente viable pero éticamente cuestionable para una institución religiosa que resalta la importancia de los valores morales.

En la causa, el Arzobispado de Mendoza ha tenido una tímida intervención, limitando la misma a unos fríos y distantes comunicados,  que no hacen más que exponer contradicciones entre lo que se dice y lo que finalmente se hace. Más lamentable aún ha sido la participación del padre Alberto Bochatey quien, con su actitud negacionista, ha demostrado mayor preocupación por resguardar patrimonialmente a la orden que en asumir la responsabilidad institucional que indiscutiblemente tiene.  
            Hace solo unos poco días y luego de que el Tribunal penal condenadara a los acusados por los hechos ocurridos, en una ejemplar demostración de activismo judicial, una Cámara Civil convocó a las partes para intentar llegar a un acuerdo para que las víctimas obtuvieran una reparación. Todos los intentos fueron infructuosos, ya que dialogar con la contraparte era como negociar con una compañía de seguros. La prioridad de la contraria fue todo el tiempo indemnizar al menor costo posible. Cabe aclarar que con menos de la mitad del dinero que recibió la Asociación por la venta del inmueble donde funcionaba es suficiente para resarcir a las víctimas. Pero Bochatey hipócritamente realiza declaraciónes públicas de solidaridad con los afectados pero, en privado, protege mezquinamente el bolsillo de una orden cuyos integrantes abusaron sexualmente de personas sordomudas en Verona, en La Plata y en Mendoza.

Lo expuesto no hace mas que demostrar que las autoridades que han sido designadas para representar a la Iglesia en este conflicto no han estado a la altura de las circunstancias y tampoco tuvieron la actitud que la Iglesia necesita que posean frente a estos casos, por su bien y por el de los afectados. Aquí, claramente, las buenas intenciones, las frases de solidarización con los perjuidicados y la condena pública a los autores de los abusos son insuficientes para reparar el perjuicio y para demostrar genuino arrepentimiento. En ese sentido, no podemos dejar de aplaudir su decisión de abolir el secreto pontificio que, además de darle mas transparencia a los procesos internos de la Iglesia, permitirá darle mayor celeridad a las investigaciones de estas clases de hechos al quitar dicha traba institucional.

Finalmente, tengo que manifestar que, si bien puedo definirme como una persona atea, en mi estudios primarios y secundarios en el colegio jesuita San Luis Gonzaga de la provincia de Mendoza, me enseñaron que no es suficiente con pedir perdón, ya que para que dicho acto se perfeccione es necesario, además, arrepentimiento y reparación. Eso es lo que lo que estamos pidiendo compañero.
              Le pido que no se olvide de rezar por las víctimas y por todos los que, aún sin gozar de convicciones religiosas, tenemos fé en Usted. 
            Con mucho respeto, Leandro Rodriguez Pons.