La conexión Mendoza del caso Tupac Amaru vuelve a generar novedades, aunque esta vez el foco está puesto sobre los jueces de la octava Cámara del Crimen que liberó a principios de setiembre a Nélida Rojas.
Los magistrados Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel fueron denunciados ante el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño.
Los denunciantes son cinco de las víctimas de la organización, quienes presentaron un escrito de 20 páginas el 19 de diciembre pasado.
Argumentos
A lo largo de toda la presentación, la denuncia sostiene que los jueces actuaron “con parcialidad a favor de los imputados, mejorando los planteos de la defensa”, así como también buscaron “obstaculizar la investigación intentando atemorizar a la señora fiscal haciéndole una imputación deshonrosa y criminal”.
Esta última acusación está vinculada a otra: la que hace la Cámara al decir que la fiscal Gabriela Chaves habría utilizado una figura penal, el fraude a la Administración Pública, para mantener encarcelados a Nélida Rojas y a su familia.
En la denuncia contra los camaristas se indica que, a pesar de que los tres estaban en conocimiento de un delito supuestamente cometido por la fiscal, “no solicita que se investigue la posible comisión de un delito, ni reclama el inicio de un Jury o la formación de un sumario”.
Esta omisión frente a un posible delito implicaría, al menos en la mirada de los denunciantes, que Correa Llano, Salinas y Miguel habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el escrito se sostiene que la Cámara, “inventando una finalidad criminal en el obrar de la fiscal, pone al desnudo que su intención no es otra que amedrentarla para que no investigue. Si los jueces supieron de un delito, tenían el deber de denunciarlo. No hay más opción, o se trata de un amedrentamiento a la fiscal o los jueces de la Cámara han incumplido con sus deberes de funcionario público”.
Hasta una de las reformas del Código Procesal Penal que impulsó el gobierno de Alfredo Cornejo está en la mira de los denunciantes, quienes indican que la Cámara “ha usurpado la función del legislador” cuando interpretan el nuevo artículo 293 del CPP, que fue modificado en junio del año pasado.
La interpretación surge del pedido de inconstitucionalidad que hace la defensa de la familia Rojas-Martínez. Es que el inciso 2 de ese artículo 293 es el que introduce el concepto de reiterancia para aplicar las prisiones preventivas: cuando el acusado tiene en su prontuario muchos casos sin condena.
En el fallo Salinas, Correa Llano y Miguel sostienen que “solamente se encuentra legitimada en su aplicación, cualquiera sea el supuesto, a los fines de asegurar que el acusado impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, para lo cual, conforme lo ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“La Cámara le hace decir a la norma algo que no dice”, sostienen los denunciantes, al entender que transgreden el sentido de la reforma: si un sospechoso tiene muchos antecedentes debe estar detenido y así mitigar la reconocida “puerta giratoria”.
El caso Tupac Amaru local parecía estar dormido desde el 4 de setiembre pasado, momento en que la 8° Cámara del Crimen dejó en libertad a la jefa de la Tupac Amaru, a su pareja Ramón Martínez, a las hijas Carla y Leonela Martínez y a la nuera Fanny Villegas.
Nélida Rojas estaba detenida en prisión preventiva desde abril. En aquellos días el caso explotó con un escándalo: mientras Gabriela Chaves intentaba conseguir una orden de allanamiento para caer por sorpresa en distintas locaciones en las que funcionaba la Tupac Amaru, la titular de la asociación llegaba a la fiscalía.
Alguien había filtrado la información, aunque en el entorno de Rojas se decía que la dirigente se había enterado de la medida judicial por un anuncio hecho en una radio de Lavalle.
Claves
Abril de 2015. Milena Gómez, una socia de la Tupac, denunció que le quitaron una casa adjudicada porque no pudo asistir a una actividad política.
Esa misma mujer ahora es una de las denunciantes de la Octava Cámara del Crimen.
Al poco tiempo, Gómez se atrincheró en la vivienda
En 2013. Correa Llano, Salinas y Miguel fueron denunciados por el entonces diputado provincial del peronismo Daniel Cassia.
Acusaba a los camaristas de liberar anticipadamente a detenidos, desoyendo las recomendaciones de los organismos técnicos sobre la peligrosidad de los liberados.
Hasta 2016. La 8° Cámara era la única de Apelaciones que había en Mendoza. El año pasado, esos magistrados formaron una nueva cámara de juicios orales.
