El 15 de febrero de 2011, el Estado echó a la señora Teresa Espejo (55) de su propia casa. Aquella mañana y con una orden judicial de desalojo, un grupo de oficiales llegó hasta la vivienda, en calle Tropero Sosa, de San Martín, para dar cumplimiento a la orden: la mujer trató de persuadirlos, pero no hubo caso y solo tuvo 15 minutos para juntar algunas cosas y abandonar el lugar.
La medida se llevó a cabo sin contemplaciones y Teresa se fue a vivir donde pudo: terminó en una pieza que le prestaron unos “amigos evangelistas”.
Ella siempre ha sostenido que se trató de una injusticia, que fue víctima de una estafa y ahora, cuatro años después, el Estado finalmente le ha dado la razón: le devolvió la casa y comenzó a reparar aquel atropello; en medio de todo, hay efectivamente una historia de estafas donde están procesados su marido, Antonio Di Pascuale y los abogados Fabricio Abruzzese y Roberto López .
“Pase, pase y disculpe la mala atención”, recibe Teresa en su casa, a pocos días de haberla recuperado; la vivienda casi no tiene muebles a la vista, apenas un televisor sobre el piso y una mesa con algunas sillas; tampoco hay luz ni gas porque los servicios fueron cortados por falta de pago: “Me echaron de mi casa con los impuestos al día y hoy vuelvo pero llena de deudas”, dice la mujer y sobre la mesa tiene algunos papeles donde ha estado sacando cuentas: solo en tasa municipal debe más de $ 3.000: “No importa, mientras tenga salud y trabajo podré salir adelante”, se alienta.
La historia de cómo Teresa llegó a perder su casa arranca en 2007, cuando ella y su esposo compraron esa vivienda de calle Tropero Sosa, en una operación certificada con un contrato de compraventa, que se pagó con ahorros del matrimonio y de una hija que vive en Europa y que aportó varios miles de euros.
La pareja venía de una larga crisis matrimonial y aunque había intentado rearmar su relación, en 2009 el hombre volvió a mostrarse violento y como resultado de los ataques, Di Pascuale fue excluido de la casa y la Justicia le prohibió acercarse por allí. “Creo que en ese momento comenzó a pensar en la idea de vender la casa a escondidas mías”, cuenta ella.
Efectivamente, en octubre de 2010, Teresa descubrió que en los impuestos, la vivienda figuraba a nombre de un tal Fabricio Abruzzese; concurrió a la escribanía donde había hecho el trámite de compra de la casa y allí se enteró de que se la habían transferido.
“Era insólito, yo no entendía nada”, dice y recuerda que en los meses siguientes todo se precipitó: a mediados de febrero de 2011, Teresa fue desalojada por no pagar el alquiler de la que en realidad era su casa.
“Mi esposo engañó a la dueña originaria y le hizo creer que había pagado la casa con su dinero y que yo no tenía derechos. Le dijo entonces que aquella escritura pendiente, que no se hizo en 2007, la harían ahora, pero a nombre de Abruzzese, uno de los abogados que ahora está procesado por estafa junto con mi marido”, detalla.
En su defensa, Abruzzese ha dicho que compró la casa en 2008 y que luego se la alquiló a Di Pascuale, pero ambas cosas son falsas: la casa la pagó en agosto de 2010 (en la escritura figura por un monto de apenas $ 22.000) y para esa altura, Di Pascuale no podía ni arrimarse por allí.
“Cuando vinieron a echarme, me decían que esta casa no era mía y que yo no había pagado el alquiler; no podía creer lo que estaba escuchando”, recuerda Teresa; a partir del desalojo comenzó un largo camino judicial que aún no termina: “En estos años, he paseado por todos los juzgados y hubo muchas resoluciones, todas a mi favor”.
Por orden de la Corte, a Teresa le devolvieron la casa y también fueron confirmados los procesamientos contra los acusados. “En todo este tiempo alquilaron mi casa y al final había dos familias viviendo; me la destruyeron porque no solo tengo que ponerme al día con los impuestos que no pagaron, sino que me han roto las cañerías, las cloacas y los sanitarios. Pero no importa, sé que de a poco voy a salir adelante, quiero vivir en paz y que la Justicia haga su parte”, dice.
Teresa recuperó su vivienda, pero todavía no tiene papeles a su nombre y en esas condiciones, se le hace difícil ponerse al día con los impuestos y que le restablezcan los servicios. Mientras tanto, Antonio Di Pascuale y los abogados Fabricio Abruzzese y Roberto López están procesados por estafa y el caso podría llegar a juicio este año.
