Desde la Agencia de Promoción de Inversiones de la Provincia se acaba de anunciar que el gobernador Francisco Pérez tiene previstas nuevas misiones comerciales al exterior, en este caso a Sudáfrica, Rusia, Brasil, China y la ciudad de Bombay, en la intención de promover los productos mendocinos y a su vez atraer inversiones.
Nadie puede dudar de la buena voluntad que puede tener el mandatario, pero la pregunta que cabe es si están dadas las condiciones económicas y jurídicas como para que esas buenas intenciones se conviertan en hechos concretos.
La apertura de la provincia hacia los mercados externos tiene una corta historia. Hasta principios de la década de 1980 las exportaciones argentinas se centralizaban en la carne y los cereales, mientras las economías regionales se dedicaban a enviar sus productos hacia el principal centro de consumo: la Capital Federal y el Gran Buenos Aires o alternativamente hacia Córdoba o Rosario.
Era la época en que Mendoza, en el caso de la industria vitivinícola, contaba con una bodega estatal que se hacía cargo de los excedentes, mientras se regulaba la industria a través de bloqueos, cupificaciones, prorrateos o medidas similares.
El gran cambio se produjo con la asunción de José Octavio Bordón como gobernador, quien advirtió que el mercado interno no alcanzaba a cubrir la oferta, tanto de vinos como de otros productos, como las frutas, las aceitunas y las hortalizas. Fue así que Mendoza decidió abrirse al mundo en misiones de las que participaban políticos y el sector privado.
A partir de allí, cada uno de los gobiernos que lo sucedieron repitieron la iniciativa y hasta se decidió, a mediados de la década del 90, conformar un organismo como ProMendoza que, a similitud de su par ProChile, generó una tarea conjunta entre sectores oficiales y privados en la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos.
Las iniciativas dieron resultados positivos. Tanto en la vitivinicultura como en el resto de los productos mendocinos las exportaciones se multiplicaron exponencialmente, mientras se observaban fuertes inversiones de empresarios extranjeros. Todo ello generado por una economía estable, incluyendo los primeros años de la actual gestión kirchnerista, y la suficiente seguridad jurídica como para atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, en los últimos años la situación se modificó sustancialmente. No existe seguridad jurídica -agravada exponencialmente con las recientes leyes aprobadas por el Congreso- lo que deriva en cambios permanentes en las reglas de juego.
Y los resultados están a la vista, con la decisión de algunas empresas de dejar de lado algunas inversiones y retornar a sus países de origen.
Cabría recordar las afirmaciones de un empresario brasileño cuando comentó que los inversores prefieren derivar sus divisas hacia aquellos países que, aunque sean un poco más caros, cuentan con la suficiente seguridad jurídica que les permita trabajar con tranquilidad en el mediano y largo plazo.
Paralelamente, las exportaciones comienzan a caerse como consecuencia de decisiones del Gobierno nacional de mantener un dólar desfasado a pesar de la fuerte inflación interna, lo que provoca que los productos argentinos -en este caso mendocinos- pierdan competitividad externa.
De manera tal que potencialmente países como China e India pueden resultar apetecibles para la derivación de productos, pero al poco tiempo sus demandas podrían ser desatendidas por la caída en la competitividad.
En síntesis, el Gobernador, junto con los empresarios privados, tienen la mejor de las voluntades en la intención de continuar insertando a Mendoza en el mundo. Pero situaciones ajenas -en este caso decisiones nacionales- son las que están poniendo palos en las ruedas.
