Más allá del impacto que el paro general de mañana provoque en el quehacer cotidiano, quienes tengan que viajar fuera de la provincia ese día quedarán a resguardo.
Es que la Justicia dio lugar a una medida cautelar que obliga a las empresas de transporte de larga distancia, sean ómnibus, aviones o trenes, mientras dure la huelga, a atender a mendocinos y visitantes ocasionales que tengan que salir de la provincia ese día, permitiéndoles reclamar un resarcimiento.
Según lo detalla la resolución firmada por la jueza Olga Arrabal, titular del Juzgado Federal n° 2 de Mendoza, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) como autoridad de aplicación, deberá comunicar a las empresas su obligación de “habilitar y abrir al público una guardia permanente de atención el día 31 de marzo, a fin de recibir los reclamos de los usuarios mientras dure la paralización y reinicio del servicio de transporte”.
“Es algo innovador porque llega antes de la comisión del daño a usuarios. Las empresas no van a poder dejarlos plantados”, enfatizó el abogado Mario Vadillo, luego de que se notificara a la Comisión de la medida, a partir de una acción colectiva impulsada por la asociación Protectora en base a la garantía constitucional de protección de la salud, seguridad e intereses económicos.
Pero que no se agota allí: además, la CNRT tendrá que difundir por medios masivos qué pueden hacer los usuarios forzados a cancelar el pasaje para hacer valer sus derechos.
El dictamen especifica que por radio y TV, y en forma personalizada, se deberá brindar información “cierta, completa y adecuada sobre el paro y los derechos que tienen los pasajeros, frente a la cancelación de su pasaje, a fin de posibilitar la reparación integral de los perjuicios causados”.
Ahora, la CNRT tiene 10 días hábiles para acreditar el cumplimiento de la resolución. Los Andes intentó, sin éxito, recabar la opinión de Osvaldo Valdez, delegado regional del ente, que por su parte creó el Consejo Consultivo de Usuarios, para que representantes de asociaciones para que “canalicen sus inquietudes”.
Sí a la venta de pasajes
Según Vadillo, "la empresa de transporte no puede quedarse con el dinero de los usuarios, que pueden iniciar una demanda por daños y perjuicios si se demuestra que un pasaje fue vendido aún a sabiendas del paro".
En base a ese planteo, Protectora alegó la necesidad de impedir que, con el paro definido para el martes 31, las empresas de transporte comercializaran pasajes a esa fecha. Y que, pese a una solicitud formal a la CNRT, tras 20 días no había una respuesta.
Pero aquí el criterio de la Justicia difiere. La jueza Arrabal rechazó esa pretensión, al considerarla una “intromisión inadmisible” en “una actividad lícita ejercida por terceros” como la venta del servicio. E insiste en que se trata de “un ejercicio regular del derecho”, y por lo tanto, no puede ser suspendido.
La acción colectiva presentada por Protectora se basa en lo ocurrido durante situaciones similares vinculadas a huelgas, tanto del sector como generales, durante 2014 y 2015.
De hecho, la fundamenta en los antecedentes de miles de pasajeros varados en terminales de todo el país, considerados víctimas de “graves daños como consecuencia de falta de información, la cancelación intempestiva del servicio, la negativa a devolver el dinero y la falta de atención por parte de la CNRT”.
