La vergonzosa conducta de un juez del poder

En tal sentido la situación del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, es cada día más complicada. El juicio por la tragedia ferroviaria de Once colocó en el banquillo de los acusados a dos exponentes de los dudosos manejos en políticas de obras públicas e infraestructura de servicios de la década kirchnerista, los ex secretarios Jaime y Schiavi. Ahora aparece otra vez en escena el siempre cuestionado juez federal Norberto Oyarbide, quien podría ser pasible de destitución por otro gran desatino, que dejó en descubierto nuevas muestras escandalosas de corrupción vinculadas al poder de turno.

El caso de Oyarbide debe ser resuelto por el Consejo de la Magistratura luego de que el propio magistrado admitiera que respondió favorablemente a un pedido que le formuló el segundo del influyente secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, para poner fin al allanamiento a una "cueva" financiera. Esta vergonzosa actitud lamentablemente no sorprende, ya que se trata de un juez que, en la mayoría de los casos comprometedores que tuvo a su cargo, actuó del lado del kirchnerismo.

La representación kirchnerista en el Consejo de la Magistratura tiene ahora la misión de decidir qué postura adoptar ante la impresentable labor que tuvo el mencionado juez federal ya que, tanto los representantes de la oposición política como la mayoría de los miembros de otros sectores que tienen participación en ese organismo, ya han anticipado su punto de vista condenatorio hacia la continuidad del juez en su cargo.

Las opciones no son muchas y tal vez obliguen al oficialismo a repensar estrategias. La destitución de Oyarbide podría significar, a la vez, el derrumbe del hasta ahora todopoderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia y del también influyente subsecretario del área, Carlos Liuzzi. Pero si Oyarbide permanece en el cargo como si nada hubiera ocurrido, el escándalo por el cual se lo denunció y comienza a investigar podría incrementarse en forma significativa en el corto tiempo.

El caso también hace reflexionar, primero, sobre el apego a la ética que debe regir el accionar de los magistrados. Muchos coinciden en que Oyarbide debió llegar hasta el lugar donde se realizaba el allanamiento, en el que supuestamente los policías actuantes pedían coima, acompañado de personal de seguridad de su confianza, ordenar detenciones si hubiera comprobado que se cometía dicho ilícito y disponer la normal continuidad del allanamiento. Ésta puede ser una de las claves de la acusación en su contra.

En segundo lugar, el caso nos sitúa ante otro claro ejemplo de cómo las influencias políticas conspiran contra la necesaria independencia de poderes en el Estado. El procedimiento en la financiera debió continuar porque no es admisible que una acción como ésa pueda ser frenada por una simple llamada de un funcionario del Ejecutivo.

Es necesario que el Consejo de la Magistratura actúe en esta oportunidad con total rigurosidad para que ejemplos de impunidad y connivencia como el que ha generado una vez más el juez federal Oyarbide dejen de ser moneda corriente en las mancilladas instituciones de nuestro país.