El dato es inquietante: Mendoza se encuentra en el tercer lugar en el país en venta callejera ilegal, sólo superada por Buenos Aires y Santa Fe. Un lugar de “privilegio” que no habla bien de la Provincia sino que demuestra que, a pesar del tiempo transcurrido y de los planteos que, con justificada razón realizan los comerciantes legales, aún no se ha encontrado el modo de dar una solución al problema.
Por el contrario, al incremento que a diario se observa respecto de los denominados “manteros” debe agregarse lo que sucede en las fechas especiales, como el Día del Niño, el de la Madre o las festividades de fin de año.
No resulta fácil ser comerciante en la Argentina, porque a la necesidad de acopio de mercadería para abrir un negocio, deben sumarse el alquiler del local, los impuestos provinciales y municipales y las cargas laborales, que conforman una importante porción de la torta, entre otros aspectos.
A todo ello se le agregan los inconvenientes que generan medidas económicas nacionales que provocan incertidumbre respecto de lo que pueda ocurrir en el corto y mediano plazo, especialmente en aquellos casos en que la mercadería puesta en venta cuenta con algún componente importado.
Son aspectos enmarcados en una actividad con alto contenido de competitividad, en la que muchos de los pequeños y medianos comerciantes deben enfrentarse a grandes cadenas, algunas de ellas internacionales que, en muchos de los casos, elaboran sus propios productos a los efectos de reducir costos.
Frente a toda esa serie de inconvenientes, se ha sumado en los últimos años la aparición de los denominados “manteros” que, sin abonar ningún tipo de impuestos, se ubican frente a los negocios y ofrecen en algunos casos mercadería similar a la que se ofrece legalmente. Nadie pregunta el origen de la mercadería ni tampoco se otorgan garantías por los artículos vendidos, en un hecho que constituye un serio problema de competitividad difícil de enfrentar.
En distintas oportunidades, especialmente en el radio de la Capital, se han desarrollado interesantes acciones tendientes a solucionar el problema. Se incentivó el funcionamiento de las ferias persa y hasta se otorgaron lugares adyacentes a los sectores donde se instalan los “manteros”.
Sin embargo, con el correr del tiempo se observa que en gran parte de los casos no se trata de pequeños comerciantes que se trasladaron, sino que hubo gente que “invirtió” en puestos para después alquilarlos, con lo que el objetivo que se buscó con la iniciativa quedó totalmente diluido.
En ese marco, quizás resulte necesario señalar que ha dado mejores resultados la decisión de la comuna de Guaymallén, de otorgar un espacio en el predio ubicado en la intersección de los accesos Sur y Este para que los pequeños comerciantes se instalen en determinadas épocas, especialmente aquellas en las que se incrementa la venta de juguetes o de artículos destinados a los niños.
En muchos de los casos, los denominados “manteros” desarrollan esa actividad más por una necesidad de obtener dinero para hacer frente a las necesidades de la familia que por el negocio en sí. Pero también debería señalarse que esas personas necesitadas son utilizadas por “mayoristas” que hacen un pingüe negocio en razón de que cuentan con centenares de vendedores sin costo alguno para sus arcas y que son, en definitiva, los que mayor rédito sacan en el reparto final del beneficio obtenido.
Con un agravante: en muchos de los casos no sólo se ofrece mercadería o electrodomésticos de menor volumen, sino que también suelen ponerse a la venta remedios, que sólo están autorizados para su venta en las farmacias.
No se trata entonces de avanzar sobre aquellas personas que desarrollan esa actividad por necesidad, sino de poner orden, de destinarles un lugar para que puedan trabajar y evitar que resulte perjudicado el comerciante que, cumpliendo con la ley, está siendo perjudicado.
