Nicolás Maduro trató de desconocer la situación y se refirió únicamente al simulacro de la próxima elección para la Asamblea Constituyente, que el chavismo implementó en su intento de cubrir el plebiscito convocado por la oposición en la República Bolivariana de Venezuela. Pero los resultados fueron contundentes: mientras el oficialismo congregó a miles de personas en estadios destinados a la "votación", la oposición consiguió el apoyo de millones de ciudadanos, que se manifestaron en contra de la gestión de Maduro.
Personas que concurrieron a votar pese a las amenazas que surgieron desde el poder central, que superaron los ataques comandados por los denominados "colectivos" y que terminaron con por lo menos un muerto y que obligaron inclusive a los organizadores a quemar los padrones de votación, al finalizar el recuento de votos, para que el Gobierno no pueda tomar represalias contra los empleados públicos que concurrieron a emitir su sufragio.
El plebiscito fue convocado por la oposición con el objeto de impedir que el Gobierno imponga una reforma constituyente, que se votaría el 30 del actual y, como advierten, "disuelva definitivamente la República". La alianza disidente Mesa Unidad Democrática convocó a la consulta bajo el nombre de "El pueblo decide" con tres preguntas: la primera, más importante, si rechaza la constituyente de Maduro; la segunda interroga si la fuerza armada debe cumplir con la Constitución vigente y la tercera si aprueba renovar los poderes públicos, las elecciones y un nuevo gobierno de unidad nacional.
El planteo sobre las fuerzas armadas apunta a que debe impedir que la Carta Magna sea violada, desobedeciendo al Gobierno. Los centros de votación fueron ubicados en plazas, parques, teatros, casas parroquiales, iglesias y universidades. Debe señalarse que el Episcopado venezolano es uno de los críticos más fuertes de la reforma impulsada por Maduro. Los rectores de las universidades fueron los garantes de la pulcritud y la transparencia del proceso, a quienes se sumaron cinco ex presidentes latinoamericanos y 15 parlamentarios extranjeros.
Al conocerse los resultados, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que los más de siete millones de votos obtenidos dejaban al presidente Maduro "prácticamente revocado", agregando que el pueblo "superó todos los obstáculos, no solamente que hubieran menos lugares para votar, sino también el miedo, la violencia, las amenazas a los empleados públicos y a las personas que reciben planes sociales". Esa situación no sólo se manifestó en Venezuela, sino que se multiplicó fuera del país, como sucedió en la Argentina donde, pese al frío, los venezolanos residentes concurrieron en forma masiva a votar.
A pesar de la contundencia de las cifras, el presidente Maduro desconoció al reclamo popular y eligió referirse a la convocatoria oficial, a la que calificó de "simulacro electoral" con miras a las elecciones para la asamblea constituyente a realizarse a fin de este mes. "Hemos escrito el preámbulo de la gran victoria patriótica que salió multitudinariamente a respaldar el ensayo electoral". Insistió en una convocatoria a la paz, sin tener en cuenta lo sucedido con el ataque de adherentes chavistas hacia las marchas o las concentraciones de la oposición y que hasta el momento han provocado más de 90 muertos.
Lo que el Presidente no tuvo en cuenta fue que si la votación hubiese sido legal y libre, sin presiones, el mandatario hubiese quedado fuera del gobierno en razón de que Maduro obtuvo siete millones y medio de votos y según la Constitución, para sacar a un presidente del cargo se necesita la misma o más cantidad de votos que los que consiguió en el comicio en el que fue electo. Ante el actual panorama, la comunidad internacional debería implementar los resortes que tenga a su alcance para permitir que el sufrido pueblo venezolano se reencuentre con la democracia y la paz perdidas.
