El gobierno de Venezuela suspendió por 180 días la portación de armas en todo el país como una medida para garantizar la paz, tras más de un mes de protestas que han dejado 33 muertos y cientos de lesionados.
"Se suspende el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional por 180 días, para garantizar la seguridad, la paz y el orden interno", señaló el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, en su cuenta en Twitter, sin ofrecer más detalles al respecto.
La medida fue anunciada luego de que se completara un mes de manifestaciones callejeras a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, muchas de las cuales terminaron en episodios de violencia y vandalismo.
Según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la mayoría de las víctimas murieron por heridas de armas de fuego en los escenarios de las protestas, estuvieran o no participando de la manifestación.
Chavistas y opositores se acusaron mutuamente de promover la violencia, y el gobierno señaló directamente a los líderes de la oposición de promover “acciones terroristas” para crear el caos en el país.
La decisión de suspender la portación de armas ya ha sido aplicada antes en Venezuela pero por períodos de tiempo más cortos, como en algunos días en los que se prevé grandes manifestaciones o durante días de asueto por Carnaval, Semana Santa, Navidad y las vacaciones escolares de agosto.
El clima de tensión se disparó en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de tomar las funciones del Parlamento, controlado por la oposición, mientras que este no reconociera una sentencia de la máxima corte sobre tres de sus legisladores, cuya elección en sus ciudades de origen está en discusión.
Aunque la medida fue revertida poco después, en medio de la presión internacional y el inicio de las protestas, los opositores insistieron en denunciar la “ruptura del orden constitucional” en la que, a su juicio, incurrió el Supremo con el fallo.
Por otra parte, ayer opositores venezolanos bloquearon rutas en Caracas y otras ciudades en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso para cambiar la Constitución, que desvanece su objetivo de lograr elecciones generales y agudiza la grave crisis que sacude al país.
Acosado tras un mes de marchas que exigían su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio el lunes un giro a la crisis al convocar a una “Constituyente popular”, cuyos 500 asambleístas no seríán elegidos por sufragio universal, sino por sectores sociales y por comunidades.
