Miles de opositores venezolanos exigieron ayer en Caracas la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, durante una marcha dispersada por los antimotines con gases lacrimógenos, en la tercera semana de violentas protestas que dejan 8 muertos.
En un fuerte cruce de bombas lacrimógenas, piedras y cócteles molotov, las fuerzas de seguridad y los manifestantes se enfrentaron en el este de Caracas, en calles de acceso a la estratégica autopista Francisco Fajardo, con saldo de varios heridos o afectados por los gases.
Tras dispersar la protesta, la policía y la militarizada guardia nacional lanzaron ráfagas de bombas lacrimógenas y chorros de agua desde vehículos blindados, sobre un grupo de jóvenes que los enfrentó con los rostros cubiertos con pañuelos y capuchas.
“No me importa tragar gas, no me importa morir, pero tenemos que salir de esta mierda de gobierno asesino y represor”, dijo Natasha Borges, de 17 años, en medio del caos.
Barricadas de basura fueron quemadas en distintos puntos de la capital. "Libertad", pero también insultos, como "malditos" y "cobardes", les gritaron los manifestantes a los efectivos se seguridad.
En un singular episodio, que Maduro calificó como "show", un manifestante desnudo caminó entre una lluvia de gases se subió a una tanqueta militar mientras gritaba: "No lancen más bombas".
Los mayores disturbios ocurrieron en Caracas, aunque hubo incidentes en las ciudades de Maracaibo, Valencia y San Cristóbal, un día después de la multitudinaria movilización del miércoles, que dejaron dos jóvenes y un militar muertos, de lo que el gobierno responsabilizó a dirigentes opositores.
Los manifestantes, que exigen elecciones generales, no han logrado llegar al centro de Caracas, bastión del chavismo, donde Maduro encabezó el miércoles una masiva concentración de sus seguidores y ayer participó en una reunión en la instalación militar de Fuerte Tiuna, en el oeste de la capital.
“Cansancio hay, pero tenemos que echarle bolas (ponerle coraje). Yo estoy dispuesto a salir a la calle todos los días si hace falta”, declaró en la marcha Aquiles Aldazoro, un universitario de 22 años.
Según la ONG Foro Penal, además de las víctimas mortales, decenas han resultado heridos y suman unos 600 detenidos en total en la ola de marchas de este mes.
“Mientras más fuertes sean las protestas, más fuerte será la represión”, auguró el analista Diego Moya-Ocampos, del centro IHS Markit Country Risk (Londres).
La Unión Europea condenó los actos de violencia, Amnistía Internacional alertó por la “represión” y el presidente argentino Mauricio Macri lamentó que no se garanticen las marchas pacíficas.
Once países latinoamericanos pidieron al gobierno venezolano garantizar las protestas pacíficas, entre ellos Argentina y Colombia, país al que Maduro calificó como un "Estado fallido".
“Instamos a gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización”, llamó por su lado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Las protestas se desataron el 1 de abril, tras sentencias del máximo tribunal electoral, que retiró la inmunidad a los diputados y se adjudicó las funciones del Parlamento, único poder público controlado por la oposición.
Maduro, a quien la oposición acusa de hundir al país en una severa crisis económica y política, asegura que las protestas buscan derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y llevar a una intervención militar. Su aliado, el mandatario boliviano Evo Morales, lo secundó en esa afirmación.
Maduro, cuyo mandato termina en 2019, dice querer pronto elecciones para derrotar a la oposición. Las de gobernadores debieron realizarse en 2016, pero fueron suspendidas y aún no tienen fecha, las de alcaldes están pautados para este año y las presidenciales para diciembre de 2018.
Según las encuestas, 7 de cada 10 venezolanos reprueban el gobierno, asfixiados por la crisis económica, con una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación -la más alta del mundo- que el FMI estima en 720,5% este año.
La oposición afirma que a Maduro lo sostiene la cúpula de la Fuerza Armada, a la que le dio enorme poder económico y militar y que le ha ratificado “lealtad incondicional”.
Maduro asegura que su gobierno es víctima de una “ciber-guerra” y acusó a la empresa española de telefonía celular Movistar de colaborar en la “convocatoria golpista”; en tanto la automotriz General Motors informó que cerró sus operaciones en Venezuela luego de que el gobierno le confiscara una planta.
El gobierno confiscó la fábrica de General Motors en Valencia
La compañía automotriz estadounidense General Motors (GM) anunció ayer que suspenderá sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades confiscaron su fábrica en el país.
La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia fue confiscada el miércoles. La confiscación derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela. El concesionario pedía a GM una compensación por daños y perjuicios de 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda nacional, que cada vez se devalúa más.
GM dijo que se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, las cuentas de su banco y otros bienes en el país.
Cientos de trabajadores desesperados por información sobre sus trabajos se reunieron en la planta ayer, donde hablaron con funcionarios del gobierno, así como con representantes del concesionario que presentó la demanda. La planta no ha fabricado un solo auto desde el 2015, pero GM sigue teniendo 79 concesionarios que emplean a 3.900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.
No es la primera vez que Venezuela confisca instalaciones de corporaciones extranjeras. Hace un año, el gobierno tomó control de una fábrica de Kimberly-Clark Corp. luego de que la gran empresa de EUU dijo que la falta de materiales le hacía imposible producir productos.
