En Venezuela la situación de política interna no cesa de empeorar, porque el presidente Nicolás Maduro logró el objetivo de suspender la realización de un plebiscito, contemplado en la Constitución, que podría haber determinado el final de su mandato y el llamado a nuevas elecciones.
Actualmente, pasada la mitad de su gestión, sólo habrá que esperar a que Maduro lo termine o que lo haga el vicepresidente, Tareck El Aissami, salvo que, en una decisión que nadie espera que se concrete, sea el propio Maduro quien convoque a elecciones presidenciales anticipadas.
Más allá de esa posibilidad, todos los aspectos llevan a pensar que el actual presidente venezolano está dispuesto a profundizar su política. Lejos de preocuparse por las críticas que recibe a diario desde el plano internacional, ha decidido desconocer las propuestas de distintas personalidades y hasta de la propia Iglesia Católica en la necesidad de sostener el diálogo y liberar a los presos políticos. La Iglesia había sostenido que la base de cualquier negociación política futura debía partir de solucionar la crisis humanitaria, respetar la asamblea nacional, liberar a los presos políticos y la presentación de un cronograma electoral.
El planteo, formulado por el cardenal Parolín, mano derecha del Papa Francisco, fue respondido en forma por demás grosera por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, quien lo acusó de interferir en los asuntos internos del país, subrayando que Caracas no hablaba de los problemas de pedofilia en la Iglesia. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana manifestó su preocupación por los intentos de "amedrentamiento" de parte del Gobierno, que afecta a los sacerdotes y feligreses.
Destaca que hubo "ataques" contra la residencia del arzobispo de Baruisimeto y contra la casa de un integrante del cabildo catedralicio de Caracas; una iglesia fue cercada y tomada por chavistas en momentos en que se oficiaba una misa y se obligó a los feligreses a escuchar un discurso agresivo contra la Iglesia, mientras en Maracaibo un cura fue interrumpido cuando estaba hablando de la Doctrina Social de la Iglesia y los oficiales decidieron desalojar a los feligreses.
En el plano institucional Maduro también realizó cambios importantes. Cedió varias de sus funciones a su vicepresidente, Tareck El Aissami, entre las que figuran expropiar bienes, aprobar el presupuesto de ministerios, nombrar viceministros, firmar jubilaciones o exonerar de impuestos a algunos sectores, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como una "preparación para una futura candidatura a presidente".
Actualmente, la figura del vicepresidente es clave en el contexto de la crisis venezolana, porque si Maduro fuera revocado mediante un referendo, El Aissami lo reemplazaría hasta enero de 2019, cuando termina el mandato.
Frente a ese panorama, la oposición política decidió terminar con el diálogo, rechazó la propuesta del Vaticano y la Unasur, porque "no garantiza el retorno a la democracia" y abogó por una nueva negociación en demanda de la convocatoria a elecciones. Dice que debe alcanzarse un cronograma electoral concertado, que comience con las elecciones a gobernadores, que fueron suspendidas el año pasado y terminen con una elección general.
La comunidad internacional debe insistir en la necesidad del diálogo y en la recuperación de la democracia en Venezuela, que se ha perdido en los últimos años por las actitudes del actual presidente.
