La presidencia pro tempore del Mercosur, que hasta hace algunos días estaba en manos de Uruguay, correspondía por reglamento (establece que va traspasándose por orden alfabético) a Venezuela. Sin embargo, también por reglamento, se establece que los países integrantes deben respetar el orden democrático, motivo que fue tomado por Brasil y Paraguay, con un guiño también de la Argentina -aunque no abiertamente- para solicitar que se sancione el país caribeño por las actitudes asumidas por su presidente, Nicolás Maduro. El político no es el único elemento que toman como base para adoptar la decisión sancionatoria, sino que se considera también que Venezuela no se ha integrado al bloque en las condiciones requeridas de zona de libre comercio y de contar con arancel externo común para cumplir con la Unión Aduanera.
Para Brasil y Paraguay, Macri debería ocupar la titularidad del bloque hasta diciembre, cumpliendo parte del mandato que correspondería a Maduro y, a partir de allí, continuar, en este caso con un nuevo período por parte de la Argentina. Uruguay no coincide con el planteo y estima que el mandato debe quedar en manos de Venezuela.
Fiel a su estilo, Nicolás Maduro salió a defender la titularidad del grupo, utilizando inclusive términos desacomedidos, como el de calificar el planteo realizado por el Brasil, Paraguay y la Argentina de “triple alianza” y asegurar que Paraguay está en manos de “una oligarquía corrupta y narcotraficante”, a Mauricio Macri, de “demacrado, fracasado y repudiado por su pueblo” y al Brasil, de “una nueva dictadura”.
En ese marco, afirmó que su país ejercerá plenamente la presidencia, asegurando, en tono desafiante, que (a los integrantes de la Triple Alianza) “los esperamos y aquí (en Venezuela), los vamos a enfrentar, y aquí los vamos a derrotar, pero con Venezuela no se van a meter”.
Cabría señalar que el Mercosur tuvo como miembros fundadores a la Argentina, al Brasil, a Uruguay y al Paraguay, y que muchos años después de su conformación, y ya con la presidencia de Hugo Chávez, el país caribeño se sumó a modo de “adherente”. Fue aceptado como miembro pleno durante la reunión que el bloque realizó en Mendoza, en junio de 2012, oportunidad en que decidió suspender temporalmente al Paraguay en el grupo, una semana después de que el ex mandatario Fernando Lugo fuera destituido en un juicio político que tuvo una duración de sólo 48 horas aunque, valga la aclaración, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Constitución paraguaya.
En estos tres años de integración al grupo económico, el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado que no ha respetado las reglas de la democracia que exige el bloque. Continúa con la detención injusta de opositores políticos; demora la posible convocatoria a un referéndum para que el pueblo decida sobre la revocatoria o no de su mandato; interviene medios de difusión y, como sucedió días pasados, no enviando más dinero a la Asamblea Nacional que desde diciembre, y por primera vez en 16 años, está en manos de la oposición porque la califica de “inexistente” y de “una institución que llama al desacato a la ley”.
Las actitudes autoritarias asumidas por Nicolás Maduro han motivado la crítica internacional y, en ese esquema, es coherente que el bloque regional adopte algún tipo de medida sancionatoria como la que han planteado el Paraguay y el Brasil.
