La alianza opositora venezolana anunció que no acudirá a la reunión de hoy con representantes del gobierno, al que acusó de incumplir acuerdos preliminares.
El anuncio sumió en la incertidumbre el proceso del diálogo entre la administración del presidente Nicolás Maduro y la oposición para superar la crisis que atraviesa el país.
La oposición acusó al gobierno no cumplir, entre otros, el acuerdo de revertir una sentencia, aún no definitiva, del Tribunal Supremo que declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional.
El diálogo, que se centra en la permanencia de Maduro en el poder, pretende conjurar eventuales escenarios de violencia y buscar soluciones a las tensiones políticas y a una compleja crisis económica.
Venezuela sufre una desbordada inflación, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una fuerte recesión agravada por la caída del precio del petróleo, que supone el 96% de los ingresos por exportaciones del país.
Luego de dos encuentros entre representantes de Maduro y la oposición desde el inicio del proceso el 30 de octubre, la oposición afirmó que se vio obligada a revisar los términos de su participación.
Entre las distintas opciones que se barajaron, Torrealba comentó que la alianza se inclinó por mantener el contacto “únicamente” con los facilitadores de las conversaciones -entre los que figura un representante del Vaticano, además de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana- a los efectos de hacer seguimiento al eventual cumplimiento del gobierno.
Compromisos violados
Los adversarios de Maduro señalaron que ellos cumplieron con su parte al suspender sus protestas callejeras y modificar la agenda de la Asamblea Nacional, que postergó la realización de un juicio político contra Maduro iniciado en octubre.
El juicio por presunto abandono de sus deberes constitucionales es simbólico y no puede provocar la destitución de Maduro -ya que la Constitución no otorga ese poder al Legislativo- pero, según sus impulsores, derivará en una “sanción moral” al mandatario, cuya popularidad ha caído afectada por la crisis.
Además de las competencias del Legislativo que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, acusado de estar bajo el control del oficialismo, la oposición exige la liberación de más de un centenar de activistas políticos.
