La oposición venezolana decidió participar en las próximas elecciones de gobernadores. “Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales”, señaló ayer la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes han sido inhabilitados para postularse.
La alianza opositora explicó que su decisión busca presionar a Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre. Si no lo hacen, “que paguen el costo”, señaló el dirigente Andrés Velázquez, en rueda de prensa.
El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y las asambleas regionales vencía ayer.
El anuncio coincidió con las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ayer, al hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez, Adán Chávez, y a otros 7 políticos por su vinculación con la Asamblea Constituyente, que rige desde el viernes pasado con poderes absolutos y enfrenta un amplio rechazo internacional.
No fue una decisión fácil para la MUD, que reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias que se agruparon en 2008 para enfrentar al chavismo, en el poder desde 1999.
“Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura”, argumentaron, advirtiendo que las protestas para exigir elecciones generales continuarán.
Cuatro meses de manifestaciones dejan unos 125 muertos. En las semanas recientes ha disminuido la participación de la gente en esas protestas.
Los comicios regionales debieron celebrarse a fines de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) los pospuso sin explicación.
Acusado de servir al gobierno, el CNE también suspendió en 2016 el trámite para un referendo revocatorio del mandato de Maduro, por orden de tribunales regionales.
Más sanciones
Las sanciones contra Adán Chávez y otros 7 políticos chavistas implican el congelamiento de los bienes que tengan en EEUU, y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.
Washington ya había sancionado al propio Maduro y a 13 funcionarios y ex colaboradores del mandatario acusados de quebrar la democracia, corrupción y violación de derechos humanos.
La lista se amplió luego de que 12 gobiernos de América condenaron el martes en Lima a Maduro por una “ruptura” de la democracia y desconocieron la Constituyente, también rechazada por la Unión Europea. Ya el sábado pasado el Mercosur suspendió políticamente a Venezuela con el mismo argumento.
Frente a la creciente presión internacional, Maduro propuso una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para “restituir el diálogo” regional y el “respeto a Venezuela”.
Por otra parte, también ayer el Congreso venezolano rechazó subordinarse a la Asamblea Constituyente, lo que hace prever una agudización de la pugna entre los poderes de un país agobiado por la crisis económica y las continuas protestas.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó, sin la presencia de los diputados oficialistas, el rechazo al decreto que emitió la víspera la Asamblea Constituyente en el que subordinó todos los poderes públicos al nuevo cuerpo.
“Desconocemos la Constituyente como un todo”, dijo el diputado opositor Juan Pablo Guanipa durante la sesión y señaló al presidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso de reforma de la constitución como “pretexto” para “hacer lo que le dé la gana”.
