El final del suspenso está más cerca. La oposición venezolana espera saber hoy si puede echar a andar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, el único camino que ve para llegar a un diálogo y evitar un estallido social.
Tras cuatro meses de gestiones, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de aliado del gobierno, le anuncie que logró validar el mínimo requerido de 200.000 firmas para activar el referendo.
Segura de que cumplió el requisito, la MUD llamó a una movilización hacia el CNE, en Caracas, para pedirle que dé el banderazo de salida a la recolección de otras cuatro millones de rúbricas (20% del padrón electoral), necesarias para que el referendo sea convocado.
Pero analistas advierten que el camino no está desbrozado. “Tenemos un problema de reloj y de voluntad política”, comentó el constitucionalista José Ignacio Hernández.
A la oposición le urge que el referendo se realice este año, pues si Maduro pierde deberá convocarse a elecciones, pero si se efectúa después del 10 de enero de 2017, y es revocado, sería sustituido por su vicepresidente.
El CNE “no puede apurar el revocatorio y tampoco lo puede retrasar. ¿Qué es lo que nos corresponde? Atenernos a los lapsos de la normativa”, advirtió Tibisay Lucena, presidenta del órgano electoral.
Para Hernández, los lapsos legales que lleva el engorroso proceso alcanzan para que el referendo se realice en diciembre o a más tardar a inicios de enero. Pero “todo depende de la voluntad del CNE”. Si el organismo “dilata todo, aumentará la conflictividad social y sólo quedarán las vías de las protestas y la presión internacional”, opinó el analista.
Cuesta arriba con una crisis económica agravada por la caída de los precios del petróleo, Maduro afronta el malestar de la población, que sufre por la escasez de 80% de alimentos y medicinas, y una inflación que fue de 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.
Según una encuesta de Venebarómetro, un 64% de los electores votaría por sacar a Maduro del poder. Para revocarlo se necesitan más de los 7,5 millones de sufragios con los que fue elegido.
Maduro descarta que la consulta se realice este año porque, según dice, la oposición inició tarde los trámites y debe enfrentar cientos de recursos y una demanda por fraude en la recolección de firmas, que interpuso el gobierno ante la justicia, también acusada por la MUD de servir al gobierno.
“No permitiremos que el gobierno le robe al pueblo su derecho al cambio. El revocatorio es para cambiar lo que no sirve”, dijo el líder opositor Henrique Capriles.
El analista Luis Vicente León no descarta que “se alargue la agonía sin cambios políticos y económicos relevantes en el corto plazo”, con un escenario en el que la gente “podría habituarse a la primitivización”.
En medio de la expectativa por el referendo, una comisión de expresidentes promueve, a instancias de Unasur, el diálogo entre gobierno y oposición.
Luego de que el gobierno aceptó la participación del Vaticano en la mediación, como exigía la MUD, la oposición dijo estar dispuesta a hablar una vez que el Poder Electoral active el referendo y fije la fecha para recolectar las cuatro millones de firmas.
La canciller Delcy Rodríguez aseguró que si la oposición pretende discutir sobre el revocatorio, presentarán "innumerables pruebas del mega fraude", por lo que el inicio del diálogo aún es incierto.
Habilitarán puentes entre Venezuela y Colombia
Los gobiernos de Colombia y Venezuela habilitarán en los próximos días los puentes que unen a los dos países para la circulación de personas, que fueron cerrados hace casi un año, y el 4 de agosto habrá una reunión de las cancilleres de ambos países para abrir definitivamente la frontera, para lo que “evaluarán la hoja de ruta” para organizarla legal y migratoriamente.
“En pocos días, comunidades de frontera podrán transitar, en ambos sentidos, los puentes internacionales que unen a Colombia y Venezuela en condiciones de normalidad”, señaló la cancillería colombiana en un comunicado.
Ese paso supone un avance hacia la reapertura total de la frontera común de 2.219 kilómetros, cerrada el 19 de agosto del año pasado por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una campaña, según dijo, contra el narcotráfico y paramilitares en la zona.
Según la cancillería, las mesas de trabajo en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira “trabajan con celeridad en la finalización de la hoja de ruta que traerá unas nuevas medidas en materia de seguridad migratoria” en la zona de frontera.
Esos departamentos son limítrofes con los estados venezolanos de Táchira, Apure y Zulia, respectivamente, que concentran la mayor cantidad de pasos de frontera entre los dos países.
Fuente: Télam
