Ocho de cada diez insumos y medicamentos escasean en los hospitales venezolanos, reveló ayer una encuesta realizada por organizaciones médicas y académicas, en medio de la severa crisis de desabastecimiento que afecta al país.
La carestía de material médico-quirúrgico ronda el 81%, mientras que 76% de los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes en hospitales públicos no está disponible, informó el diputado opositor José Manuel Olivares.
El parlamentario presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2016, que monitoreó la dotación de más de 242 centros de atención en todo el país, y fue elaborada por las organizaciones Médicos por la Salud y el Observatorio Venezolano de la Salud, adscripto a la Universidad Central de Venezuela.
El estudio indica además que casi 90% de los servicios de emergencia en los hospitales registran “fallas intermitentes”, mientras que 70% de los servicios de nutrición reportan deficiencias.
Olivares advirtió que el desabastecimiento alcanza 87% cuando se trata de catéteres y sondas, “lo que explica que haya listas de espera en todos los hospitales” para las intervenciones quirúrgicas.
“Los centros asistenciales están en emergencia y el gobierno se niega a recibir la ayuda necesaria para su activación”, aseguró Olivares, quien también es presidente de la Comisión de Salud del Parlamento, de mayoría opositora.
A mediados de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional una ley de salud que aprobó la mayoría opositora en el Legislativo para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro que autorice el ingreso de ayuda humanitaria al país.
Maduro atribuye el 80% de desabastecimiento de alimentos y medicinas, según cálculos independientes, a una “guerra económica” emprendida por el sector privado para desestabilizarlo, y al desplome de los precios del petróleo.
Pero la oposición y los empresarios aseguran que el problema radica en la producción, como consecuencia del control de precios y la falta de dólares para importar dentro del férreo control de divisas que rige desde 2003.