El enfrentamiento entre los poderes públicos en Venezuela se intensificó ayer con la decisión que tomó la Asamblea Nacional de nombrar 13 magistrados y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, resolución que fue objetada por la Sala Constitucional que declaró nulas las designaciones e instruyó a las autoridades a ejecutar "acciones de coerción" contra los implicados en ese proceso.
La mayoría opositora de la Asamblea retó al máximo tribunal al designar 33 nuevos integrantes de la Corte para reemplazar a los magistrados que fueron electos en diciembre de 2015 por el Congreso anterior, que aseguran que fueron designados sin cumplir los procedimientos adecuados.
Los nombramientos fueron anulados de inmediato por la Sala Constitucional del máximo tribunal, que acusó a la Asamblea Nacional de permanecer en “desacato” y sostuvo que “todos sus actos son nulos”. Desde hace más de un año, el Tribunal Supremo -que controla el oficialismo- declaró al Congreso en desacato y anuló más de cincuenta leyes y acuerdos que fueron aprobados por la mayoría opositora.
El presidente de la Sala Constitucional, Juan Mendoza, dijo a la prensa que los diputados, integrantes del comité de postulaciones del Congreso, y las treinta y tres personas que fueron designadas como magistrados incurrieron de “manera flagrante” en los delitos de “usurpación de funciones” y “traición a la patria”.
El máximo tribunal instó a las autoridades civiles y militares a ejecutar las “acciones de coerción” para “mantener la paz y la seguridad”, precisó Mendoza, sin ofrecer más detalles.
La coalición opositora acordó los nombramientos de los magistrados como parte del plan denominado “Hora 0”, que activó esta semana para intensificar las presiones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su iniciativa de la Asamblea Constituyente, cuyos miembros serán electos el 30 de julio.
La oposición realizó el jueves un paro cívico nacional de 24 horas que paralizó buena parte de las actividades en Caracas y otras ciudades y dejó al menos cuatro muertos y nueve heridos.
El gobierno desestimó la iniciativa opositora e indicó que la industria petrolera, las empresas públicas, las 700 mayores productoras privadas de alimentos y el transporte público operaron al 100%. Sin embargo, tampoco pudo contrastarse esta información.
El día anterior, en varios puntos de Caracas se observaron calles desiertas, centenares de comercios cerrados y ausencia total de transporte público. Algunos representantes de grandes empresas de alimentos indicaron a la AP que en algunas de sus plantas se trabajó a la mitad de su capacidad debido a un gran ausentismo laboral.
Hacia la tarde, confirmaron la muerte de Ronney Eloy Tejera, de 24 años, por disparo de arma de fuego durante una manifestación que ocurrió en el estado central de Miranda. Además informó los decesos de Andrés Uzcátegui, de 23 años, tras ser herido mortalmente en el tórax en una protesta en el estado de Carabobo, y de un adolescente de 15 años en el estado de Zulia.
La última muerte confirmada por la fiscalía fue la de Eury Hurtado, de 34 años, por cuatro disparos de arma de fuego. Hurtado fue herido en Miranda.
Durante la jornada al menos nueve personas resultaron heridas en disturbios callejeros que contribuyeron a enrarecer aún más el convulsionado clima social.
Con la muerte de las cuatro personas se elevó a 97 el número de fallecidos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales hace más de cien días en la nación petrolera agobiada por una profunda crisis económica.
A pesar de la tensión política y los cuestionamientos de varios países, el presidente Nicolás Maduro sigue adelante con su iniciativa constituyente y desafía a las amenazas de sanciones estadounidenses.
La OEA pediría juicio internacional por crímenes
La Organización de Estados Americanos (OEA) analiza si los presuntos delitos cometidos por las autoridades venezolanas para reprimir las protestas callejeras de los últimos cuatro meses podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en Atlantic Council que “hoy vamos a dar un paso institucional importante para seguir analizando si los crímenes que ha cometido el régimen, especialmente tortura, son tipificables conforme al estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional”.
Agregó que su despacho anunciará en las próximas horas detalles de la medida.
La Corte Penal Internacional (CPI), gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante los últimos 100 días han dejado al menos 97 muertos y 15.000 heridos.
