La oposición tomó ayer las calles de Venezuela, elevando al máximo su desafío al presidente Nicolás Maduro, quien prohibió las manifestaciones que afecten la elección de una Asamblea Constituyente, programada para este domingo.
Concluida una huelga de 48 horas que dejó al menos seis muertos, entre ellos un policía, los adversarios de Maduro comenzaron al mediodía la “gran toma de Venezuela”, con bloqueos de vías neurálgicas de cada ciudad.
Un policía identificado como Oneiver Quiñones murió tras recibir un disparo en la cabeza el jueves en Ejido, estado de Mérida, según una fiscalía judicial, que cifró en 113 (otras versiones hablan de 108 caídos) los fallecidos en cuatro meses de protestas.
El miércoles, un hombre de 30 años murió tras resultar herido durante una escaramuza.
El gobierno prohibió las movilizaciones que afecten la elección de los 545 asambleístas de la Asamblea Constituyente, prevista para mañana, y amenazó con cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen.
"Si cancela la Constituyente sería una oportunidad para Maduro de lavarse la cara ante el mundo. Pase lo que pase la lucha sigue", aseguró el líder opositor Henrique Capriles.
Llamando a un “boicot”, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió mantener las protestas hasta la jornada electoral.
Alta tensión
La Constituyente animó las protestas que exigen la salida de Maduro en un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis, con brutal inflación y grave escasez de alimentos y medicinas.
Temerosos de que falte la comida y haya mayor caos y violencia, muchos venezolanos se abastecieron de alimentos y miles cruzaron la frontera hacia Colombia.
Ante la creciente tensión, Estados Unidos dispuso que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela. Por su parte, Canadá recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a este país y salir a los que ya están.
Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de la población según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz.
Además, busca la recuperación económica con propuestas como la elevación a rango constitucional del control de precios y la distribución de alimentos subsidiados. Para los opositores será la bancarrota.
Unos días antes de la elección, el gobierno de Donald Trump sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos, entre ellos la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, acusándolos de “minar la democracia” y de supuestos actos de violencia o corrupción. No obstante, Maduro ratificó que la Constituyente no tiene marcha atrás y condecoró a los sancionados.
Maduro acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington y acusa de sumisión al “imperio” a gobiernos de Latinoamérica y Europa que le pidieron frenar la Constituyente.
El presidente venezolano también planteó a la MUD iniciar un diálogo antes de la votación, pero fue rechazado.
“Pura palabrería. Ni por un momento podemos bajar la presión basado en falsas ilusiones”, dijo Guevara, al afirmar que la alianza opositora no ha recibido propuestas serias de diálogo.
Para sacar adelante su proyecto, vital para su permanencia en el poder, Maduro cuenta con apoyo del máximo tribunal de justicia, del poder electoral y de los militares, su principal sostén y a quienes ha dado gran poder político y económico. Su iniciativa provocó una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general Luisa Ortega, quien aseguró que Maduro y su grupo quieren seguir gobernando “sobre las ruinas de un país”.
La MUD decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida para instaurar una dictadura comunista.
Movilizando a sus bases para que lleven gente a las urnas y controlando si votan los beneficiarios de programas sociales, el gobierno busca evitar la abstención, tras los 7.6 millones de votos que la MUD asegura logró en el plebiscito simbólico que hizo hace dos semanas contra esa iniciativa.
La visión de países europeos
El Reino Unido hizo un llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a abstenerse de tomar “acciones divisivas e inflamatorias, incluido el plan de formar una Asamblea (Nacional) Constituyente (ANC)”, así como a entablar “conversaciones constructivas” con la oposición. El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, declaró a través de un comunicado: “Me entristece profundamente que cerca de 100 personas hayan muerto en las protestas en Venezuela desde fines de marzo”.
En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia espera que las elecciones para escoger los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente que tendrán lugar mañana en Venezuela se celebren “sin provocaciones”.
En el documento, recuerda que el presidente Nicolás Maduro ha llamado a la oposición al diálogo y al rechazo de “medios violentos de la lucha política”.
Por su parte, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, alertó sobre la “convulsa” situación que vive Venezuela y anunció que no descarta “medidas adicionales” en dicho país. “Seguiremos de cerca, con los socios europeos, el desarrollo de la situación”, señaló.
Repudio de la SIP a la acción contra Lanata
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó que las autoridades de Venezuela prohibieran el ingreso a su país al periodista argentino Jorge Lanata, al tiempo que consideró la medida como una grave obstrucción al trabajo periodístico y evidencia de la cultura de censura oficial.
Lanata, conductor del programa “Periodismo para Todos” en Canal 13, viajó de Buenos Aires a Caracas junto a su productora Martina Perdiguero y un camarógrafo para cubrir la elección de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
En el aeropuerto un oficial de Migración les negó el ingreso y les notificó que serían deportados del país por no contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información para ejercer el periodismo en Venezuela.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, dijo condenar “esta intimidación contra la prensa que es contraria al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la jurisprudencia internacional, a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y a la Declaración de Chapultepec, todas referidas al libre flujo de la información y el libre ejercicio de la actividad periodística sin restricciones de fronteras ni exigencias de permisos especiales”.
Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que “esta es una muestra adicional de la falta de tolerancia del gobierno de Venezuela que aplica con saña la censura oficial”. La SIP denunció la suspensión de las señales de los canales Todo Noticias de Argentina y El Tiempo Televisión de Colombia por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en abril pasado, sanción también aplicada a los canales RCTV, NTN24, CNN en Español y a numerosas páginas de internet.
Desde el 31 de marzo cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno de Maduro, se han registrado más de 100 muertes y numerosos periodistas y trabajadores de medios han sido víctima de violencia física, ataques con proyectiles de bombas lacrimógenas y disparos con perdigones.
Chile pide "una salida pacífica"
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, instó al gobierno venezolano a negociar con la oposición una “salida pacífica” a la crisis, que permita “evitar más violencia y represión”.
“Hacemos nuevo llamado al gobierno de Venezuela a concordar con la oposición una salida pacífica a crisis y evitar más violencia y represión”, señaló el jefe de la diplomacia trasandina en su cuenta de Twitter.
