Mientras no deja de hundirse día tras días en su interminable y trágico abismo, ni bien empezó 2019 Venezuela abrió un nuevo capítulo de sus enredos institucionales de dimensiones rocambolescas.
Al obcecado enfrentamiento entre el régimen fundado por Hugo Chávez y sus opositores y el dilema de la supervivencia cotidiana, se agregó desde ese momento el desgobierno provocado por la existencia de dos presidentes que se autoproclaman legítimos.
El primer capítulo de esta historia de "doble comando" ocurrió en agosto de 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inválida la jura de tres diputados de la oposición impugnados por el oficialismo en los comicios legislativos de diciembre de 2015.
De ahí en más todas las decisiones de la Asamblea Nacional (AN) fueron consideradas nulas, hasta que finalmente el 30 de marzo de 2017 el alto tribunal decidió asumir las funciones del órgano legislativo controlado por una amplia mayoría opositora, bajo el fundamento de sus reiterados actos de "desacato".
Por esos días el gobierno de Nicolás Maduro impulsaba la creación de empresas mixtas en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el respaldo del TSJ para proceder sin el aval parlamentario por la "urgencia" del tema. También en ese momento la bancada opositora de la AN avanzaba en diversas investigaciones sobre casos de corrupción.
La capacidad de acción de la oposición quedó en inmejorables condiciones tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Pero al asumir las facultades propias del órgano parlamentario, el TSJ tomó la medida más extrema para bloquear toda posibilidad de que los opositores jaquearan al gobierno y modificaran sus planes en un asunto muy polémico: la participación de la petrolera rusa Rosneft en negocios de la empresa estatal PDVSA.
Dentro de la AN declarada en desacato por la justicia venezolana, las fuerzas opositoras cuentan con 112 bancas y el chavismo puro sólo con 44, sobre un total de 167 escaños.
Como contracara, el oficialismo nombró 13 nuevos magistrados en el TSJ en sesiones extraordinarias celebradas durante el asueto navideño de 2015, a sólo dos semanas de perder el control de la AN.
Los opositores cuestionaron la legalidad del mecanismo aplicado para las designaciones y denunciaron las fuertes vinculaciones de la mayoría de los jueces con el chavismo. Así la mesa quedó servida para el inexorable terremoto institucional que no tardó en producirse.
Mundos paralelos
El siguiente capítulo de la saga comenzó con las elecciones presidenciales convocadas para el 21 de mayo de 2018 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano impulsado por el chavismo para modificar la Constitución y al que se le asignaron facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes del Estado.
La oposición, después de algunos forcejeos internos, decidió no participar en los comicios y denunció su carácter fraudulento.
En ese contexto, Maduro resultó el más votado frente a otros tres candidatos que participaron (uno de ellos en representación de un desprendimiento del MUD): aunque prometió durante la campaña llegar a 10 millones de votos, el candidato chavista obtuvo finalmente 6.190.612.
Ese resultado representó el 68 por ciento del total de sufragios emitidos, pero sobre un padrón de casi 21 millones de venezolanos habilitados para votar asistieron a las urnas poco más de 9 millones de ciudadanos.
La abstención opositora y la baja participación dieron entonces la nota. El 46 por ciento de electores estuvo lejos del promedio de 79 por ciento que participaron en los comicios presidenciales de 2006, 2012 y 2013. Con una jornada electoral que para buena parte de la sociedad pasó como un día más y con el edificio de la Asamblea Nacional partido al medio (oficialistas de un lado del palacio legislativo y opositores del otro), los venezolanos a esa altura ya estaban viviendo en dos mundos paralelos.
Sólo faltaba la página del pasado mes de enero para concretar el giro más estrambótico: dos presidentes actuando en forma simultánea desde la misma ciudad, uno con el apoyo mayoritario de la población y de buena parte de la comunidad internacional (Juan Guaidó), el otro con el control del aparato estatal y el cerrado respaldo de la Fuerzas Armadas (Maduro).
Laberinto jurídico
Para asumir la función de "presidente encargado", Guaidó apeló a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana que rige desde el 15 de diciembre de 1999, cuando ya gobernaba Hugo Chávez.
El dirigente opositor aceptó la presidencia rotativa de la AN el 5 de enero último, pero en un cabildo abierto realizado el 23 de ese mes en Caracas anunció que desde ese momento tomaba a su cargo las competencias del Poder Ejecutivo. Maduro, mientras tanto, juró como presidente para el periodo 2019-2025 el 10 de enero, aunque por supuesto no lo hizo ante la AN sino ante el TSJ.
Esa alternativa está expresamente contemplada en la Constitución de 1999, a través del artículo 231: "Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia". Todo fríamente calculado con veinte años de anticipación, en beneficio del chavismo.
El artículo 233, con el que Guaidó encontró un resquicio constitucional para asumir el cargo, expresa que cuando se produzca la "falta absoluta" del presidente electo antes de tomar posesión, se encargará de la presidencia de la República "el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional" hasta tanto asuma el nuevo presidente elegido en las urnas.
El mismo artículo señala como faltas absolutas del presidente su muerte, renuncia, destitución decretada por el TSJ, su incapacidad física y mental permanente (certifica
da por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la AN), el abandono del cargo declarado como tal por el órgano legislativo o la revocación popular de su mandato.
La acotación aquí es que nunca se produjo la falta absoluta de Maduro por ninguna de las causales que contempla el artículo 233. Asimismo, el TSJ quitó los poderes a la AN desde marzo de 2017, por declararla en permanente desacato. Con ambos aspectos jurídicos puestos sobre la mesa, las acusaciones de golpe de Estado o intervencionismo externo por parte del chavismo pueden encontrar fundamento. Aunque la oposición muestra también dos cartas fuertes en el terreno de los vericuetos legales.
En primer lugar, la dirigencia alineada con Guaidó aduce la falta de legitimidad de Maduro al declararse vencedor en elecciones que no fueron reconocidas por el 54 por ciento de los electores, por las principales fuerzas opositoras y por buena parte de la comunidad internacional.
Por otro lado, la cuestionada modalidad que llevó a la práctica el oficialismo para designar nuevos miembros del TSJ, proyecta una sombra de ilegitimidad en las disposiciones de ese órgano respecto a la AN. Con esas dos situaciones en la balanza, la oposición goza de mejor margen para interpretar a su favor los otros artículos esgrimidos.
El 333 indica que, en caso de que la Constitución dejara de observarse "por acto de fuerza", todo ciudadano "investido o no de autoridad" tendrá el deber de colaborar en su restablecimiento.
El artículo 350, al que también acudió Guaidó, señala mientras tanto que "el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Una vez más, todo fríamente calculado con veinte años de anticipación, pero en este caso en beneficio de los opositores. Si la dimensión jurídica se encuentra excedida, las arenas movedizas de la política tampoco pueden ya contener un conflicto sin retorno.
Otros casos de “doble comando”
Los venezolanos no inventaron la pólvora en materia de poderes ejecutivos bicéfalos.
También México, Gambia y Costa de Marfil en algún momento de su historia tuvieron a dos personas simultáneamente en la presidencia. Los mexicanos fueron reincidentes.
El primer caso ocurrió en 1914, cuando villistas y zapatistas desconocieron al presidente interino Eulalio Gutiérrez mientras se desarrollaba la revolución y eso derivó en el nombramiento de Roque González Garza. Pero Gutiérrez siguió en su cargo hasta mediados de 1915 desde la ciudad de San Luis de Potosí.
En 2006, mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador desconoció los resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Felipe Calderón.
López Obrador fue investido en un acto simbólico con la banda presidencial, mientras Calderón asumió oficialmente el cargo en medio de las protestas de los partidarios de su oponente.
En Gambia, el presidente saliente Yahya Jammeh se negó a entregar el poder en enero de 2017 a su sucesor Adama Barrow, que debió jurar en Dakar, la capital del vecino Senegal.
Las tropas de ese país ingresaron a Gambia con el apoyo de la ONU para que el nuevo presidente pudiera asumir efectivamente el mandato. También en Costa de Marfil ocurrió un hecho similar: Alassane Ouattara y Laurent Gbagbo se autoproclamaron ganadores en las elecciones de 2010.
En ese caso, Gbagbo pudo asumir con el apoyo de tropas francesas y de la ONU, mientras Ouattara (presidente saliente), se mantuvo en su cargo por un tiempo con el apoyo del ejército de su país.
Dos marchas
La oposición. Guaidó emprendió ayer una nueva fase de su campaña con una gira por todo el país para organizar a la población en comités de barrios y empresas públicas y privadas a fin de intensificar la presión hacia Maduro.
El chavismo. Miles de manifestantes chavistas marcharon por Caracas para celebrar la "victoria" ante lo que consideraron un "ataque terrorista del imperio gringo" contra el sistema eléctrico nacional que dejó sin luz a casi todo el país. "Están amenazando con que se van a ir a Miraflores", señaló ayer un funcionario del gobierno.
