Venezuela convocó en la víspera a sus acreedores a una reunión en Caracas, para iniciar una renegociación de la deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares, un proceso que acrecentó los temores de default.
"Le digo a (...) los tenedores de la deuda venezolana: tengo moral para convocarlos el lunes 13 de noviembre a Caracas e iniciemos un proceso de refinanciamiento y renegociación de la deuda", afirmó ayer el presidente Nicolás Maduro, un día después de anunciar su plan.
Maduro denuncia una "persecución financiera" impulsada por Estados Unidos, que en agosto prohibió negociar nueva deuda venezolana.
A la cabeza de la comisión negociadora, el vicepresidente Tareck El Aissami explicó que la reunión buscará "mecanismos que garanticen el cumplimento de compromisos soberanos en la renegociación de la deuda".
"Sentaremos las bases para renegociar los términos de la deuda externa de la República y de PDVSA", precisó El Aissami, a quien Estados Unidos acusa de narcotráfico e incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados.
El Aissami confirmó que ya comenzaron las transferencias de 1.169 millones de dólares por capital e intereses del bono de la petrolera PDVSA 2017.
Pero tras la liquidación de ese bono, Venezuela deberá cancelar en lo que resta del año entre 1.400 y 1.800 millones de dólares de intereses de otros papeles, y están pendientes intereses de bonos que debió cancelar en octubre y tienen un período de gracia de 30 días.
"Las opciones para mantenerse al día con los pagos están disminuyendo rápidamente, principalmente porque cualquier reestructuración debe ir acompañada de un plan claro de reformas económicas creíbles, capaces de ganarse la confianza y el apoyo de los tenedores de bonos", aseguró el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit.
"¡El riesgo está allí!"
Con reservas por apenas unos 10.000 millones de dólares, Venezuela tiene obligaciones para 2018 que ascienden a unos 8.000 millones, en medio de una severa crisis económica.
"El riesgo del default está allí", dijo a la AFP el analista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, quien señaló que para renegociar la deuda se requiere un plan de reestructuración y saneamiento. "Y ese plan no está", agregó.
Los analistas ven poco probable que Maduro cambie el modelo centralizado de la economía en un país que se contrajo 36% en los últimos cuatro años,al borde de la hiperinflación y con su producción petrolera en caída.
La falta de un plan se agrava por las dificultades provocadas por las sanciones de Trump, "que impiden a los bancos basados en Estados Unidos participar en un proceso de reestructuración, apuntó Montoya.
Si Venezuela cae en default, agrega Oliveros, en el corto plazo la gente puede sentir "un respiro" porque lo que el gobierno deje de pagar de deuda lo puede usar para hacer importaciones o invertir en mejoras sociales, pero eso será "temporal".
"En el mediano plazo se tendrá un mayor aislamiento, más complicación para las operaciones externas, más incertidumbre que presiona variables como inflación. El default profundiza la recesión", aseveró Oliveros.
"¡No nos van asfixiar!"
Según consultoras privadas, la deuda externa incluye 45.000 millones de dólares de deuda pública, 45.000 millones en deuda de PDVSA, 23.000 millones de dólares en deuda con China y 8.000 millones con Rusia, entre otras obligaciones.
Maduro señaló que el problema es con los "cipayos financieros y chacales", la banca occidental estadounidense y europea; pero que con China y Rusia hay relaciones extraordinarias.
Venezuela está por cerrar un acuerdo de reestructuración de unos 3.000 millones de dólares de su deuda con Moscú.
"Creemos que el gobierno venezolano manejará apropiadamente sus cuestiones de deuda", dijo la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying, quien reafirmó que Caracas se ha comprometido "a honrar sus deudas".
Según el gobierno, desde 2014, el país con las mayores reservas petroleras del mundo canceló 71.700 millones de dólares de capital e intereses de deuda. "Ni nos han asfixiado, ni nos van a asfixiar" subrayó el mandatario.
El Parlamento, de mayoría opositora, advirtió que no reconocerá una reestructuración que no se someta a su aprobación. No obstante, el poder judicial, acusado de servir al gobierno, considera a ese órgano en desacato y anula todas sus decisiones.
