Con una hiperinflación galopante, el éxodo de millones de ciudadanos, las libertades cada vez más debilitadas y un aislamiento creciente de su gobierno, Venezuela volvió a potenciar en 2018 una crisis que parece no encontrar su límite.
Sin embargo, el que termina fue un año de fortalecimiento para el presidente Nicolás Maduro, reelecto el 20 de mayo en comicios en los que no participó la oposición –excepto un caso– y votó menos de la mitad del padrón, y por eso no fueron reconocidos por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional.
La inflación anual creció de 2.616% en 2017 a 1.299.724% a noviembre pasado, según datos de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), y terminará 2018 en 1.350.000% y saltará a 10.000.000% en 2019, según pronosticó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ni el segundo cambio de signo monetario en 11 años –el bolívar soberano, que rige desde agosto, equivale a 1.000 bolívares fuertes–, ni las sucesivas devaluaciones ni la emisión de una cuestionada criptomoneda (el petro) evitaron que el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos industriales y hospitalarios continuara por encima de 80%, según diversas mediciones privadas.
En ese contexto, en los primeros 10 meses de 2018 se registraron 10.773 protestas en todo el país (en todo 2017 hubo 9.787), de las cuales 40% fueron en reclamo por los cada vez más frecuentes cortes del suministro de electricidad, gas y agua potable, y 38% en demanda de mejoras salariales y otras condiciones laborales, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Paralelamente, la cantidad de venezolanos en el exterior aumentó de 1,6 millón en 2015 a cuatro millones en 2018, según datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana.
Ese fenómeno causó serios problemas en los países receptores –sobre todo, en Colombia y Brasil–, que vieron desbordados sus servicios públicos y su capacidad de atención a los refugiados, a tal punto que Perú y Guatemala, entre otros, limitaron las facilidades para el ingreso de venezolanos.
Mientras tanto, Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos, con una tasa de 89 homicidios cada 100.000 habitantes, según Amnistía Internacional, que afirmó que "el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas" porque "ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia".
La represión ilegal del Estado no se limitó a los delincuentes comunes sino que alcanzó también a la oposición política. En enero, el ex policía Oscar Pérez y seis seguidores suyos fueron ejecutados extrajudicialmente en un operativo del que participaron militares y civiles armados, y al que la Conferencia Episcopal de Venezuela calificó como "horrible masacre".
Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) volvieron a detener y encarcelar sin proceso –y en muchos casos, a desaparecer por varios días– a decenas de opositores e incluso chavistas disidentes, como el general Miguel Rodríguez Torres, antiguo hombre fuerte de inteligencia en tiempos de Hugo Chávez y primer ministro del Interior de Maduro.
Fortaleza
La fortaleza del mandatario se afirmó en buena medida en la debilidad de la oposición, que quedó definitivamente fragmentada tras el frustrado diálogo con el gobierno que se celebró entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 en Santo Domingo, República Dominicana.
Allí quedó virtualmente extinguida la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la gran coalición que en su mejor momento llegó a cobijar a cerca de 30 partidos, desde marxistas hasta conservadores.
La creación, en marzo, del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), que a los partidos sumó entidades sindicales, académicas, profesionales y empresariales, no mejoró la capacidad de iniciativa y acción de los adversarios del chavismo, mellada también por la neutralización de la AN –único poder del Estado en manos de la oposición– a menos de la Asamblea Nacional Constituyente chavista y por el exilio, la prisión o simplemente el ostracismo de sus dirigentes más notorios.
También Maduro consolidó su poder dentro del chavismo, algo que no parecía tan claro poco tiempo atrás. Lo hizo a través de su alianza cada vez más firme con las fuerzas armadas y de su determinación para quitar de la primera línea a funcionarios con poder.
Así, en medio de la crisis, Maduro llega al final de su primer mandato y se prepara para iniciar el segundo, el 10 de enero próximo.
Por ahora, su principal adversario está fuera de las fronteras y son aquellos países o bloques que periódicamente aumentan sus sanciones al gobierno o a funcionarios, y los que en estos días discuten la conveniencia de suspender las relaciones diplomáticas con una administración cuyo origen electoral desconocen.
Maduro llama a la integración de los países del Alba
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que el crecimiento económico es la "asignatura pendiente" del socialismo latinoamericano y llamó a la integración financiera de los países de la Alba como "base de la independencia" frente a los embates neocolonialistas e imperialistas. "Proponemos que nos podamos unir con una estrategia para liberarnos económicamente e ir juntos en la producción de riqueza", dijo Maduro en la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).
Pronostican que el éxodo crecerá el año próximo
La ONU prevé que el éxodo venezolano seguirá aumentando y calcula que a finales de 2019 casi 5,4 millones de venezolanos vivirán en los países vecinos, dos millones más que en estos momentos, según datos publicados hoy por Acnur y la OIM en Ginebra.
Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Mundial para las Migraciones) cifran en 3,3 millones los migrantes y refugiados registrados a finales de este año.
En agosto se alcanzó uno de los puntos álgidos de la crisis migratoria, cuando 18.000 personas llegaron a abandonar Venezuela cada día. Ahora, la salida del país continúa, pero a un ritmo más pausado de casi 5.000 personas diarias.
Aun cuando la situación en Venezuela se distienda, pasarán años hasta que la gente pueda volver, señaló Eduardo Stein, que coordina las actividades de las dos organizaciones de la ONU en Venezuela.
El país latinoamericano se encuentra inmerso en una grave crisis económicas. Debido a la falta de divisas, el país más rico en petróleo del mundo apenas puede importar alimentos, medicamentos o artículos de necesidad diaria.
