Los vecinos de Cápiz, en San Carlos, hace más de cuatro años que vienen reclamando una defensa ante un posible desborde del río Divisadero Negro, que ya ha inundado sus viviendas en más de una oportunidad.
Ahora, Hidráulica comenzó con trabajos y encarará una obra millonaria para reencauzar e impermeabilizar este arroyo seco. Sin embargo, los lugareños temen que el costoso proyecto oficial no incluya la protección que es prioritaria para ellos.
A fines de junio, Los Andes se hacía eco de esta problemática, que tiene en vilo a buena parte del poblado de Cápiz. Sucede que varias familias han perdido animales, han visto sus casas y calles hundirse bajo el agua y temen que una creciente mayor termine por arrastrar toda la población histórica del lugar.
Por eso vienen desde hace años golpeando puertas para ser escuchados. Comunidad y Gobierno coinciden en que el problema se debe a los cambios que ha sufrido el curso natural de este río seco, debido al asentamiento de nuevas propiedades en las últimas décadas.
Los vecinos hacen hincapié en el accionar de un propietario en particular, que -según denuncian- hace unos cuatro años "corrió parte de la traza del cauce para sembrar en medio de éste su chacra".
Aseguran que esta alteración del afluente coincide con la aparición de las crecientes más agresivas y es allí donde creen está la clave de la defensa que necesitan. Por eso, cuestionan una inversión millonaria para solucionar el tema.
Por lo pronto, las máquinas y obreros de Hidráulica ya trabajan en el paraje sancarlino. Marcelo Toledo, director del organismo, sostuvo que están profundizando la traza que será la base para un reencauzamiento del arroyo Divisadero Negro.
En realidad, según expuso el funcionario, el proyecto del Gobierno plantea reencauzar este río hacia la traza tentativa que se fue creando en los últimos tiempos, "que no es la natural, pero es la que conviene para los fines de la obra".
La idea es adoptar ese recorrido y realizarle todo un revestimiento de hormigón al canal, "lo que le dará mejor pendiente y mejor tiraje", agregó.
Para llevar adelante este trabajo, Hidráulica deberá quedarse con unos 200 metros de la propiedad cuestionada por los vecinos. "Trataremos de acordar con el dueño y, si no, deberíamos expropiar esa porción", sostuvo el titular de la cartera. Al parecer, no es el único propietario con el que deberán negociar para realizar esta obra, pues el cauce pasaría por otros terrenos.
Lejos de estar conformes con la respuesta oficial, hay vecinos que cuestionan el costo de la obra -superaría los 8 millones de pesos- y plantean que la solución más eficaz, certera y simple no ha sido incluida.
Esto fue lo que expuso un grupo en Diputados, cuando fueron convocados semanas atrás. En realidad, ellos elevaron su propuesta mediante acta el 21 de julio, en una reunión que mantuvieron en el lugar con funcionarios y legisladores.
"Después, modificaron todo el proyecto. Ya estamos cansados. Quedaremos al descubierto si se viene el agua", sostuvo José Bandiera, uno de los lugareños que más ha peleado por esta situación.
Mañana, unos 50 vecinos del poblado histórico de Cápiz viajarán a la ciudad de Mendoza a presentar una certificación aluvional. "Hace más de cuatro años que venimos con este reclamo y recién ahora nos dicen que tenemos que presentar esta certificación, si no, el denunciado y denunciante están en la misma condición. Parece una broma", señaló una vecina, cercana a la escuela.
Lo que hoy sucede y enfrenta a productores de Cápiz se replica en otros sectores del Valle de Uco. Emprendimientos que se asientan sobre cauces secos o los desdibujan o les modifican el curso, sin que ninguna repartición estatal actúe previendo situaciones que después pasan a mayores.
