La libertad de expresión y la igualdad frente a la Justicia parecen ser los objetivos implícitos del proyecto de ley elaborado por cinco senadoras del Frente de Todos para anular las prisiones preventivas y limitar la difusión periodística de las causas por corrupción.
El proyecto califica a estos procesos judiciales como “verdaderos linchamientos mediáticos” y afirma que las comunicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado” son un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
Más allá de que se busque coartar el trabajo periodístico que muchas veces, en Argentina y en el mundo, contribuye a sacar a luz irregularidades en los poderes del Estado, el proyecto paradójicamente parece desconocer que en estos tiempos las redes sociales dicen en voz alta y con todas las letras lo que antes quedaba en una esfera de la opinión pública más restringida.
Por otra parte, resulta una aberración jurídica suponer que el presunto daño a la imagen de la persona acusada basta para suprimir su condición de preso.
La prisión preventiva es una medida que se impone a aquellos acusados que tienen el poder suficiente para alterar la investigación judicial en curso.
También es curioso que ninguna de las principales autoridades nacionales haya salido a criticar la iniciativa y tampoco a apoyarla de modo directo, aunque la vicepresidenta Cristina Fernández tomó distancia del proyecto.
Dado que se encuadra en lo que un sector importante del oficialismo viene predicando acerca de los medios y de la Justicia desde hace tiempo, resulta lógico suponer que el silencio es una forma de anuencia.
En un contexto en el que se trata de imponer el relato de que en la Argentina hubo persecución judicial a dirigentes kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri y en el que el concepto conspirativo de lawfare (guerra judicial) se ha naturalizado como una verdad revelada, las senadoras estarían ofreciendo una base legal para erigir un muro de silencio y de impunidad en torno de los funcionarios acusados.
En ese sentido, fue claro y contundente el comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en el que se señala que suponer que una investigación periodística sobre corrupción “constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado, roza el disparate y busca, una vez más, confundir intencionadamente los roles que periodismo y Justicia tienen en democracia”.
La corrupción es el verdadero problema al que deberían dedicarse los legisladores y no a inventar maniobras para garantizar la impunidad de la clase política.
Porque de eso precisamente se trata. Desde antes de que asumiera el actual gobierno nacional se dejó en claro que la libertad de todos los funcionarios presos sería uno de los principales objetivos a lograr.
Pero hacerlo mediante una amnistía o un indulto sería de una desprolijidad institucional tan manifiesta que puede resultar un bumeran que afecte incluso las relaciones con muchos países, e incluso las negociaciones por la deuda externa.
Aunque las alternativas que se buscan no son mejores, como la de kirchnerizar la Justicia en todos sus estamentos, fomentando la renuncia de magistrados independientes y cubriendo los cargos vacantes con personas dependientes del poder político.
Por otro lado se está tratando de atemorizar a los arrepentidos para que no sigan confesando o rectifiquen lo que dijeron hasta ahora.
Éstas y muchas otras estratagemas, de concretarse, dejarán sin Justicia a los argentinos, lo cual hará de la República una mera ficción.
