El Ministerio de Producción de Mendoza confirmó a Los Andes que se suspenderá hasta septiembre la aplicación de la resolución sobre la vinificación diferida, tras una serie de gestiones ante el Gobierno nacional. La medida, que salió el lunes pasado, permite que al momento de la cosecha, se genere mosto sulfitado y que se vaya fermentando para producir vino a lo largo del año, y no en una ventana de tiempo determinada como es ahora. Además confirmó que el acuerdo Mendoza San Juan se firmará y que quedará en 23% la pauta diversificadora.
"Esta iniciativa permite obtener vinos más frescos, con mejores sabores y otro perfil", explicó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien aseguró que es muy buena esta regulación pero entiende que no es oportuna por encontrarse a la mitad de la cosecha. Por lo tanto, desde la provincia se solicitó la postergación de la medida debido a que su implementación generó preocupación en el sector. "Primero, porque necesitamos explicarla bien, y segundo, porque estamos en plena cosecha. No es adecuado cambiar una norma fundamental en este momento", afirmó a Los Andes, Vargas Arizu.
El ministro señaló que el sector está atravesando un contexto de sobreoferta debido a la caída del consumo de vino a nivel global. "Hoy el vino está sobrando. En España están arrancando viñedos, en Italia también, en Francia y Estados Unidos incluso han dejado de cosechar algunos viñedos", explicó. En Argentina, el consumo per cápita pasó de 18 a 16 litros anuales, aunque se espera una recuperación del mercado interno durante este año.
Vargas Arizu subrayó que la desregulación del sector seguirá avanzando y consideró que esto es positivo para la vitivinicultura. "Se está desregulando mucho y se va a desregular aún más, lo cual es bueno para la industria", enfatizó el ministro, quien confía en que las nuevas medidas permitan mejorar la competitividad del sector en un contexto global desafiante.
El acuerdo por el "mosto"
El acuerdo Mendoza-San Juan es una herramienta para la regulación del mercado vitivinícola en Argentina. Establecido por ley en 1994, su principal objetivo es mantener equilibrados los stocks de vino a través de la fijación de un porcentaje obligatorio de mosto. Este mecanismo busca evitar sobreofertas y estabilizar los precios en el sector. Si bien en sus inicios solo incluía el mosto, desde 2018 el acuerdo se amplió para abarcar también pasas, fruta en fresco, exportaciones a futuro, entre otros, lo que ha permitido mayor flexibilidad en su aplicación y adaptación a las necesidades del mercado.
"El cupo obligatorio de mosto será del 23%, y la producción de mosto ha crecido significativamente", afirmó. En 2023 se elaboraron unas 40.000 toneladas, mientras que este año se espera superar las 100.000 toneladas, con una proyección de entre 110.000 y 120.000 toneladas para 2025. "El incentivo para producir mosto es clave, porque saca volumen del mercado interno de vinos y ayuda a equilibrar la oferta", concluyó.
El ministro Vargas Arizu y la vicegobernadora Hebe Casado anunciaron beneficios económicos a productores sureños afectados por tormentas. Foto prensa Gobierno de Mendoza.
El ministro Vargas Arizu confirmó la suspensión de la vinificación diferida.
Todos los ministros en Mendoza
Este miércoles, Mendoza recibirá a los ministros de Producción de todas las provincias del país en un encuentro cerrado, en el que el eje de discusión será la Ley PYME y las estrategias para reducir el nivel de informalidad en la economía argentina, actualmente estimado entre un 40% y 45%.
Vargas Arizu, explicó que el debate se centrará en mecanismos para facilitar la transición de empresas informales hacia la economía formal, buscando "bajar cargas impositivas y hacer más rentable la PYME con políticas diferentes". Sin embargo, reconoció que la reducción de impuestos enfrenta el desafío de mantener el superávit fiscal. "No se pueden bajar impuestos porque se pone en peligro el superávit fiscal, pero pedimos que se hagan a cuenta de algunas otras cosas para las PYMES", puntualizó.
Entre los temas específicos a tratar, el funcionario destacó el impuesto a las ganancias, y la posibilidad de aplicar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del F-931. Además, se discutirá la rebaja de la energía eléctrica, particularmente del IVA, que actualmente es del 27% y se buscaría reducir al 21%.
El encuentro también pondrá sobre la mesa el ordenamiento fiscal en los diferentes niveles de gobierno. "Hay una presión de la Nación hacia las provincias para que se ordenen, aunque no es el caso de Mendoza, que está muy bien vista y en una buena posición", subrayó Vargas Arizu. También mencionó la responsabilidad de los municipios en la carga impositiva, señalando que "no tiene sentido que cuando los municipios no quieren hacer el ajuste y les baja la recaudación, aumenten la carga impositiva".
