El ministro de Economía, Infraestructura y Energía Enrique Vaquié, ya no intenvendrá en expedientes vinculados a YPF. Es que desde la Fiscalía de Estado determinaron que la doble condición de Vaquié de ministro y miembro del directorio de la petrolera lo pondría en la incómoda situación de ser juez y parte.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 47 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, en el que se dispone que Vaquié se excuse de "participar y resolver en todas aquellas piezas administrativas que tramiten por ante el Gobierno de Mendoza y que se vinculen a YPF SA".
Quien reemplazará en las cuestiones de la petrolera estatal será el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay.
Apenas asumió la actual gestión, Cornejo firmó el decreto 2.642 de 2015, en el que se designa a Vaquié como miembro del directorio de YPF en representación de Mendoza, que es accionista desde la reestatización.
El problema es que, como cabeza de la cartera de energía, es el funcionario que también debe controlar la tarea de la petrolera en nuestra provincia, incluido el cumplimiento de las normas vigentes, excepto las ambientas cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente.
El 22 de noviembre pasado, Fiscalía de Estado recomendó sacarle a Vaquié la responsabilidad de intervenir en cuestiones relativas a YPF.
De acuerdo a los considerandos del decreto 47 publicado ayer, el órgano de control “recomendó que se analice la posibilidad de que el señor ministro se excusara en forma general y mediante instrumento idóneo, de participar en todas aquellas cuestiones vinculadas a YPF SA (entidad de la cual es director por la Provincia de Mendoza), a los efectos de evitar eventuales planteos que deriven en la necesidad de efectuar complejos análisis interpretativos en cada caso concreto”.
El primer antecedente de conflicto intereses se produjo por una resolución, la 871 del año pasado, en la que Vaquié constituyó servidumbre minera a favor de YPF SA para trabajar en un pozo y perforar otro. Servidumbre es autorización para ingresar en un inmueble.
Los dueños de esa propiedad, la familia Caraganópulos, tiene un largo conflicto con la petrolera por el pago del canon de uso de la propiedad para extraer petróleo, quienes se sintieron perjudicados por la resolución de Vaquié y denunciaron al ministro en la Unidad Fiscal de Capital.
